El vocal de la Comisión Municipal de Volcán, Marcos Ariel Velásquez, denunció penalmente ante la Fiscalía de Investigación Penal 1, a cargo de Liliana Fernández de Montiel, al ex comisionado municipal René Galíndez por la supuesta autoría del delito de malversación de caudales públicos, un delito penado por los artículos 260 y 261 del Código Penal.
Según explicó Velásquez, presentó la denuncia por considerar que Galindez “es penalmente responsable de actuar de manera dañosa en contra de los recursos municipales de la localidad de Volcán”.
En el escrito presentado ante la Fiscalía actuante, Velásquez relató que el hecho denunciado se originó el 8 de noviembre de 2013 con la firma de un convenio único de colaboración y transferencia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Comentó que del informe del Sistema de Gestión de Obras se desprende que la administración municipal a cargo de Galíndez percibió la suma de $158.000 que debía ser utilizada en la concreción de una serie de obras alrededor de la ex Estación del Ferrocarril.
Detalló que el plan de obras apuntaba al beneficio de las familias del lugar, que con lo proyectado iban a contar con un espacio para el esparcimiento y el desarrollo de actividades físicas. Los trabajos de parquización del predio ferroviario estaban contemplados dentro del Plan “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.
Velásquez sostuvo que además de informes se agregaron fotografías, para demostrar cabalmente que las obras no se realizaron, aunque los fondos hayan sido rendidos, “lo cual es más grave aún, por los perjuicios que representa para el municipio, que no puede ahora demostrar la correcta utilización de los recursos enviados oportunamente.
Más adelante, el vocal municipal refirió que se perjudicó al municipio y a toda la comunidad de la localidad, recordando que los habitantes de Volcán habían cursado pedidos y reclamos para contar con espacios verdes y de esparcimiento. “Al haberse solicitado estos recursos y al no haber utilizado los mismos para los fines específicos, el perjuicio es enorme para la población, por lo difícil que es la gestión de fondos y su consecución, pero más grave es la situación cuando esos fondos llegaron pero no fueron utilizados para el destino establecido”, apuntó.
En ese marco, solicitó a la fiscal y a los magistrados intervinientes que tomen medidas urgentes “para subsanar el perjuicio causado a las familias de la localidad por el indebido proceder”, finalizó.
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