El Ministerio Público de la Acusación de la provincia intentó intimidar a los periodistas del programa Jujuy Investiga, Claudia Figueroa, Emiliano Durán y Juan Chalabe, que se emite por Canal 7 de Jujuy a través de un pedido a la empresa que lo emite, donde requirió sus datos y los detalles de producción y edición.

El requerimiento fue realizado por el fiscal de Investigaciones Complejas después de la última emisión del programa, donde se había hecho referencia a las denuncias en contra del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, y de tres miembros del Tribunal de Cuentas. Desde el Ministerio de la Acusación buscan un juicio político en contra de los funcionarios que fue declarado improcedente.

El hecho no solo fue denunciado por los periodistas involucrados, sino que también fue repudiado por los fiscales y procuradores generales de todo el país, a través de los dos consejos que los agrupan: el de los Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el de Política Criminal.

Por medio de un comunicado que encabezaron con la frase “En defensa de la libertad de prensa en Jujuy”, los fiscales y procuradores dijeron: “Que repudian vehementemente tal acto llevado a cabo por la Fiscalía de la Acusación, cuyo accionar ha sido cuestionado desde un inicio por estos consejos”. Además, brindaron su apoyo a los periodistas afectados e informaron que el próximo jueves 26 representantes de los consejos de fiscales llegarán a Jujuy para reforzar su preocupación por este ataque a la libertad de prensa.

Además, indicaron que el fiscal de la Acusación jujeño, Sergio Lello Sánchez, será sometido a plenario para su expulsión de los dos Consejos “por este acto y otros de público conocimiento”, en referencia al pedido de juicio político a Ficoseco, como ellos publicaron hoy, ya que son instituciones “comprometidas con la democracia y el régimen republicano”.

Canal 4 Jujuy, Radio City, Radio Fiesta y TodoJujuy.com se solidarizan con los periodistas y el medio de comunicación afectado. Esta es una práctica poco responsable, antiética y antidemocrática de un poder del Estado que debería garantizar la labor periodística, la libertad de prensa y su valor en la sociedad.

Podés leer el comunicado completo aquí:

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