Docentes y trabajadores estatales de Jujuy analizaron su realidad laboral en Política a las Brasas

El secretario general de APUAP sostuvo que solamente el 55% de la masa salarial de los profesionales es remunerativa y bonificable. El resto corresponde, según detalló, a conceptos remunerativos no bonificables o no remunerativos. “Entre el remunerativo no bonificable y el no remunerativo no bonificable está el 45% de nuestro salario”, afirmó.

Las negociaciones paritarias

Los referentes gremiales coincidieron en cuestionar la modalidad de las negociaciones salariales con el Gobierno provincial. “En realidad, no hay negociación. Nosotros vamos a las mesas paritarias a escuchar lo que el Gobierno dictamina, porque es muy poco el margen que tenemos”, expresó Sosa. La dirigente recordó que el CEDEMS realizó siete días de huelga durante el año, entre medidas nacionales y provinciales. También sostuvo que el salario docente perdió terreno frente a la canasta básica.

“En 2023, después de aquella gran lucha docente, habíamos alcanzado un valor para las 15 horas que hoy equivaldría a 1.500.000 pesos. Actualmente estamos en 970.000 y el próximo mes serán 990.000. Es una distancia enorme”, afirmó.

Por su parte, Fernández consideró que en Jujuy no existen paritarias en los términos establecidos por la legislación, sino “conversaciones salariales”. Según explicó, una negociación colectiva debería incluir tanto los salarios como las condiciones laborales. “En una paritaria normal uno se sienta a discutir con el empleador. Puede haber acuerdo o no, pero cuando existe se hace un acta, se homologa y se transforma en un convenio colectivo de trabajo”, señaló.

Reclamos del sector docente

Sosa planteó distintas demandas relacionadas con la estabilidad y las condiciones de trabajo de los docentes. Entre ellas mencionó la situación de los preceptores, las designaciones en los institutos de Educación Superior y la titularización en escuelas rurales de entornos virtuales. “Hoy tenés preceptores que trabajan 15,16 horas, pero cobran por 15. No entendemos por qué”, aseguró. También se refirió a los docentes de escuelas artísticas que no cuentan con un profesorado específico para determinados espacios curriculares. La dirigente pidió avanzar con la homologación de títulos y advirtió que las demoras en las designaciones pueden dejar a los estudiantes sin clases durante varios meses.

Además, cuestionó el procedimiento iniciado contra cerca de 1.900 docentes incluidos en una resolución del Ministerio de Educación por certificados de capacitación presuntamente apócrifos. “Si hay una acusación vinculada con un delito, una falsificación o un fraude, tiene que existir una investigación penal que determine quiénes son los responsables”, afirmó.

Sosa sostuvo que debe investigarse tanto a quienes habrían presentado esos certificados como a quienes supuestamente los comercializaban. También objetó que el listado incluyera nombres, apellidos y documentos de identidad. “Reclamamos por un procedimiento que anticipadamente ya está sentenciando. Esos docentes quedaron expuestos y se cuestiona su idoneidad frente a los estudiantes”, manifestó.

La situación de los profesionales estatales

Fernández aseguró que la provincia atraviesa una crisis de recursos humanos profesionales y precisó que existen alrededor de 5.000 profesionales dentro de una planta cercana a los 90.000 trabajadores estatales. “No hay provincia que se pueda desarrollar sin un plantel técnico y profesional adecuado”, expresó.

Según el referente de APUAP, en los últimos años se perdieron aproximadamente 800 cargos profesionales. También advirtió sobre la migración de trabajadores desde la Administración Central hacia el Poder Judicial, el sector privado u otras provincias. “Un profesional puede cobrar en el Poder Judicial el doble que en la Administración Central por exactamente la misma tarea”, sostuvo.

El sindicato también reclama que el adicional por responsabilidad profesional, correspondiente al reconocimiento del título universitario, alcance el 100%. Actualmente, según Fernández, representa el 75% de la parte remunerativa y bonificable del salario.

Salud pública y condiciones de trabajo

Fernández calculó que hay alrededor de 1.100 médicos en el subsector público y mencionó dificultades en otras áreas como enfermería, nutrición, kinesiología, psicología y trabajo social.

El dirigente fue crítico con el Plan Estratégico de Salud iniciado en 2017 y aseguró que produjo una “desestructuración” del sistema. Entre los reclamos de APUAP enumeró la recuperación de los concursos para el ingreso, mejores condiciones laborales y una política que permita retener profesionales. “Jujuy tiene que revertir esta situación y volver a generar incentivos para que los profesionales se queden o vengan a trabajar a la provincia”, planteó.

Descuentos por los días de huelga

Asimismo, Sosa informó que el CEDEMS recibió reclamos por descuentos de distintos montos después de las medidas de fuerza. Explicó que una docente sufrió una quita cercana a los 700.000 pesos debido a que, según les informaron, una escuela cargó por error 51 horas cátedra en lugar de cinco. “Se hizo sin criterio y sin que nadie controlara que estaban dejando a una persona sin gran parte de su salario”, cuestionó.

Fernández señaló que APUAP también registró descuentos por huelgas realizadas durante los últimos dos años. En algunos casos, indicó, el dinero fue restituido, mientras que otros reclamos todavía continúan. “El paro es siempre la última opción. No es una causa, sino una consecuencia de la falta de respuestas”, concluyó.