El Colegio entiende que es necesaria una modificación de la Ley de Aranceles que rige desde el año 1946.

Ahora bien, considera que ese proyecto debe contar con el mayor consenso posible de la Abogacía destinataria de la Ley. “Es por ello que las autoridades del Colegio solicitaron al autor del proyecto que se iba a tratar el 29/11/2018 en la Legislatura, Ramiro Tizón, que se postergara su tratamiento hasta la primera sesión de la Legislatura del año próximo, de modo de tener la posibilidad de socializar el proyecto, recabar opiniones de los colegas y hacer un análisis más profundo del mismo, en resguardo de los intereses de los matriculados” expresaron desde la institución en un comunicado de prensa.

Ese proyecto de ley fue puesto a conocimiento del Colegio “con escaso tiempo previo a su tratamiento” por lo que según explican no pudieron darle la difusión correspondiente entre los matriculados y el debido análisis que requiere un proyecto de ley de esa envergadura e importancia para la Abogacía jujeña.

“Informamos que las sugerencias más importantes que formuló el Colegio de Abogados a ese proyecto fueron descartadas por la Comisión de Asuntos Institucionales, entre ellas, que la pauta para la determinación de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) sea el sueldo de Juez de Primera Instancia o de Cámara, como lo es en la gran mayoría de las legislaciones arancelarias del país”. “Informamos que las sugerencias más importantes que formuló el Colegio de Abogados a ese proyecto fueron descartadas por la Comisión de Asuntos Institucionales, entre ellas, que la pauta para la determinación de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) sea el sueldo de Juez de Primera Instancia o de Cámara, como lo es en la gran mayoría de las legislaciones arancelarias del país”.

Por ello consideran que “que esa es la pauta que debe ser incorporada a una futura Ley de Aranceles para Abogados y Procuradores, puesto que es la pertinente y la que tiene relación con nuestra actividad, y no así el salario mínimo vital y móvil, que además encierra el riesgo de quedar desactualizado en breve tiempo a raíz de la inflación”.

“Los honorarios de los Abogados y Procuradores tienen carácter alimentario, y su monto mínimo para retribuir la referida labor profesional debe resguardar la dignidad de los profesionales del derecho, a partir de una retribución que sea proporcional y justa a la misión y fin de su desempeño”.

El Colegio de Abogados logró, desde 2015 a la fecha, aumentar en dos oportunidades el honorario mínimo que fija el Superior Tribunal de Justicia por Acordada, pasando de $ 2000 a $ 5000. (Acordadas del STJ Nº 96/2016 y Nº 3/2018).

Aclaramos que no existió ninguna “operación” del Presidente del Colegio de Abogados para frenar el tratamiento del proyecto de Ley de modificación de la Ley de Aranceles, sino una decisión consensuada con su autor para postergar el mismo según lo expuesto precedentemente.

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