Este lunes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ekel Meyer y el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez se reunieron con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para abordar temas inherentes a la gestión judicial y la seguridad. Posteriormente, mantuvieron un encuentro con el Jefe de Gabinete del Ministro de Justicia.
El temario abordado por los magistrados con la ministra de seguridad fue amplio y diverso, planteando tanto Meyer como el Lello Sánchez la decisión de instalar en La Quiaca un Juzgado de Control y una Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria con los respectivos concursos en lo inmediato.
El objetivo es continuar con la lucha contra el narcotráfico, trabajando coordinadamente con las fuerzas de seguridad nacionales y con el esquema, ya en funcionamiento, de equipos conjuntos de fiscales federales y fiscales provinciales para el abordaje de este fenómeno criminal y darle continuidad a las investigaciones y litigación de este tipo de causas.
Asimismo, interiorizaron a la funcionaria nacional sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, muy similar al Código Procesal Penal Federal, así como los beneficios de la transformación de las prácticas del sistema inquisitivo a nuevas del sistema adversarial, así como las modalidades de litigación en audiencias de la provincia. Los cambios brindan mayor celeridad en la lucha contra el narcomenudeo.
Por otra parte, se analizó la posibilidad que se articulen actividades de capacitación para operadores del MPA y personal policial en análisis criminal con funcionarios tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación como capacitadores internacionales mediante la gestión de la cartera nacional.
Posteriormente, Meyer y Lello Sánchez se reunieron con los principales responsables del equipo técnico del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, a quienes le plantearon la situación edilicia de la Justicia jujeña y del Ministerio Público de la Acusación en orden a la necesidad de construir una sede judicial que permita solucionar la problemática, para lo cual se debe evaluar la posibilidad de recurrir a financiamiento nacional e internacional con la cooperación del Ministerio de Justicia de la Nación.
Además, se planteó la necesidad de trabajar en conjunto en materia institucional para que la articulación redunde en beneficios a víctimas y del acceso a la justicia de la ciudadanía.
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