El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. Según la fiscalía, existen elementos suficientes para avanzar sobre este último delito, relacionado con la supuesta falta de información patrimonial en los documentos presentados por el legislador.
La causa analiza el período comprendido entre 2023 y 2026 y tramita en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Fiscal Guillermo Marijuan
Fiscal Guillermo Marijuan
Un antecedente clave en la acusación
Uno de los puntos centrales de la investigación es el rol que desempeñó Adorni durante su paso por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la fiscalía, el actual diputado trabajó en un área vinculada directamente con la gestión y presentación de declaraciones juradas.
Para los investigadores, ese antecedente refuerza la hipótesis de que el legislador conocía los requisitos y obligaciones vinculados a estos trámites, por lo que no podría alegar desconocimiento respecto de la información que debía consignar en sus presentaciones patrimoniales.
La rectificación de una declaración jurada
La solicitud de indagatoria se produce semanas después de que Francisco Adorni rectificara una de sus declaraciones juradas. La corrección fue presentada luego de que se iniciara una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En esa actualización, el diputado informó la existencia de aproximadamente 21 millones de pesos provenientes de una herencia, fondos que anteriormente no habían sido incluidos en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Qué puede ocurrir ahora
La decisión final sobre el pedido formulado por Marijuan quedará en manos del juzgado interviniente. Si la solicitud es aceptada, Francisco Adorni deberá comparecer para prestar declaración indagatoria y responder sobre las presuntas inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
Mientras tanto, la investigación continúa reuniendo documentación y analizando la evolución patrimonial del legislador para determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades penales.
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