El caso de Milagro Sala, siempre en agenda, cobró últimamente mayor notoriedad internacional. Es que en las últimas semanas, la dirigente social recibió la visita de un grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, otra carta de apoyo del papa Francisco y ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que se reunirá con ella a fines de junio. Pese a lo que podría suponerse, esta decisión fue evaluada positivamente desde el Gobierno Nacional.
En la Casa Rosada consideraron que el desembarco de los organismos sirve como una pátina para "transparentar" todo el proceso legal. Incluso, destacan que la CIDH, llegará a la Argentina por un pedido expreso de las autoridades de nuestro país.
"De nuestra parte tenemos la tranquilidad de poder invitar a organismos internacionales para que vean que el Gobierno no tiene nada que esconder. Venimos de 12 años en los que no se quería mostrar la realidad. Nosotros ponemos todo sobre la mesa", dijo un funcionario del Ministerio de Justicia, que depende de Germán Garavano.
El presidente de la comisión de la OEA, Francisco José Eguiguren Praeli, confirmó el sábado en una conferencia de prensa que el pedido llegó de parte del gobierno argentino, pero evitó mayores pronunciamientos al respecto. "La visitaremos [a Milagro Sala] y conversaremos con ella. Queremos conocer sus condiciones de detención y cómo se encuentra ella tanto física como mentalmente", sostuvo Eguiguren Praeli.
La postura oficial frente al desembarco de la comisión que depende de la OEA será la misma que la adoptada cuando estuvo Naciones Unidas: entregar toda la documentación disponible sobre la situación procesal de la líder de la Tupac Amaru. La dirigente, que tiene numerosos procesos judiciales sobre sus espaldas por corrupción y amenazas, está a la espera del juicio oral por presunta asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Sin embargo, la ONU en su última visita advirtió con dureza sobre las condiciones de detención de Sala e incluso pidió su liberación. Lo mismo había hecho en diciembre del año pasado y, en esa oportunidad, la CIDH había emitido un comunicado en donde "urgía al Estado argentino" a dar una respuesta al respecto. Pese a los antecedentes, desde el Gobierno se mostraron confiados en que el resultado final será positivo.
Fuente: La Nación
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