El Superior Tribunal de Justicia confirmó una condena donde se le atribuye a un grupo de manifestantes la comisión de contravenciones durante una protesta social que inhabilitó tres días uno de los accesos a Casa de Gobierno. El fallo confirmó otros dos de instancias inferiores. El fallo inicial fue del Juzgado Contravencional.

Algunas organizaciones sociales manifestaron que la emisión de actas contravencionales es una "criminalización" de las protestas sociales. “La protesta es legítima, es un derecho del ciudadano, pero no tiene que pasar por sobre los derechos de otros y ahí es cuando la justicia contravención debe actuar”, dijo Agustín Perassi, ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy.

Agustín Perassi - Ministro de Gobierno
Agustín Perassi - Ministro de Gobierno

Agustín Perassi - Ministro de Gobierno

El hecho ocurrió cuando un grupo de personas se había establecido con gazebos durante tres días en la puerta de acceso de Casa de Gobierno poniendo carteles, lo que obligó a cerrar ese acceso. La condena fue recurrida ante el Juzgado de Control mediante un recurso de revisión y, finalmente, ante el Superior Tribunal de Justicia, con un recurso de inconstitucionalidad.

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“Los límites son los límites y cuando se pasan, hay que hacerse responsable”, acotó Perassi y destacó la elaboración del Código de Contravención de Jujuy al cual calificó de “moderno”, y subrayó: “Fue trabajado en la Legislatura antes del 2015 y aplicado después. Contempla todas las cosas. Dentro está el respeto al derecho de las personas”.

Para el ministro sería conveniente que aquellos organizadores de movilizaciones comuniquen la protesta y la hagan “sin violentar los derechos de los demás. No hay ciudadanos que puedan impedir el tránsito de las personas con violencia”, y recalcó que las sanciones pueden ser para instituciones o personas.

Perassi negó que se pretenda judicializar la protesta. “Es al revés. El que lleva a judicializar las protestas es que las hace fuera de los límites normales y lógicos y que violenta los derechos de otros”, y agregó que hay condiciones de respeto que deben tener las marchas.

“Si una organización reclama y no afecta ningún derecho, como arruinar paredes o plazas, cortar el transito durante tiempos no prudenciales, porque a veces se corta por la marcha 10 minutos, pero dos o tres horas afecta los derechos de los demás, se pueden hacer”, e indicó que si algo de esto pasa “se están cometiéndola faltas. No es que alguien las inventó”.

El responsable de la cartera de Gobierno y Justicia de Jujuy adelantó que habrá varias sentencias más que van a salir con el mismo resultado. “Este fue un proceso largo con demoras y la burocracia tuvo que ver en esto. Es de esperar que las sancione sean más rápidas para que sean contemporáneas a los hechos”, cerró Perassi.

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