El Tribunal Oral N° 3 fijo la fecha de inicio del juicio por la causa "Pibes Villeros" para el martes 24 de julio a las 14.30. Integrado por Alejandra Tolaba, Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir, el tribunal determinará la responsabilidad de 31 imputados, entre ellas Milagro Sala, en la investigación por el desvió de fondos destinados a la construcción de viviendas.

Veinte serán las audiencias fijadas por las jueces y todas se realizarán a las 14.30, tres veces por semana. El lugar elegido es el Salón Vélez Sarsfield de Tribunales en la calles Argañaraz e Independencia. Las audiencias comienzan el 24, y siguen el 25, 26 y 31 de julio; 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto; 4, 5 y 6 de septiembre de 2018.

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Dos serán los fiscales: Diego Cussel y Delia Filomena Ortiz y también dos los querellantes: Mariano Miranda, Fiscal de Estado, y Joaquín Millón Quintana, responsable de la Oficina Anticorrupción. Habrá 8 testigos por cada audiencia, lo que suma cerca de 100 en total. Hay 31 personas acusadas, con 29 abogados defensores.

Según adelantaron fuentes de la justicia, la primera audiencia será para realizar la lectura de las acusaciones, con un total de 206 páginas, lo que esperan lleve toda la primera audiencia. Los imputados podrán declarar al comienzo del juicio o en el momento que lo decidan, ya que esta dentro de las facultades declarar o abstenerse.

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Una vez cerradas las testimoniales y si no hay pedidos especiales de los defensores o la querella, podrían llegar los alegatos. Teniendo en cuenta la cantidad de acusados, se espera que haya más de 20 alegatos, lo que llevaría varias audiencias. De allí el Tribunal determinará cuando lee la parte dispositiva, resolviendo si condena o no los involucrados. Durante otra jornada se darán a conocer los fundamentos del fallo.

La causa cuenta con 98 expedientes, alrededor de 17 mil fojas y reúne tres causas originales en las que 31 personas son investigadas, entre las que figuran otros dirigentes de la Tupac, exfuncionarios provinciales y municipales por una presunta defraudación al Estado por 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones habrían sido cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, “Vivir Mejor II”, que, según las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, “no fueron ejecutadas”.

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