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SUSCRIBITE Las tierras, según la Dirección de Inmuebles, son del Estado Provincial, eran de la Forestadora del Norte que quebró cerca de los 90’ y la provincia se las quedó sin un fin determinado. Eduardo Fernández vivió y produjo en 214 hectáreas de El Fuerte, en el paraje conocido como Monte Redondo por más de 20 años pagando impuestos y generando negocios para el pueblo y su familia.
Pero el año pasado falleció, lo encontraron muerto dentro de su casilla en la Finca, la Justicia determinó que la muerte fue por causas naturales. A partir de allí los hijos y nietos comenzaron un juicio sucesorio, por la hacienda, y la prescripción adquisitiva por la tenencia de las tierras por más de 20 años.
En el medio aparece una mujer que con un documento de compra y venta aduce tener la titularidad de las tierras desde el año 1991. Se presentó ante la justicia penal y pidió el desalojo de la familia, se dictaminó una medida cautelar que ya fue ejecutada con el desalojo el pasado viernes 24 de mayo cuando la familia irrumpió en la finca cambió las cerraduras y candados e impidió el acceso a los Fernández.
Toda esta movida fue respaldada por la policía de Santa Clara que habría recibido una denuncia.
“Tenemos 72 animales de mi abuelo y 30 que son míos, no sabemos cómo están y ese daño quién me lo paga” se pregunta el productor ganadero, nieto de Fernández. El día del desalojo estuvo en el lugar por azar gente del Movimiento Campesino Tierra Fértil y fueron testigos de la situación.
Por ahora todo está en manos de la justicia de San Pedro, tanto penal como civil, ya que la medida cautelar de posesión las tierras fue apelada, en cuanto a la demanda por el desalojo fue contestada y se tramita la prescripción adquisitiva.
“Quiero que quede claro que nosotros estamos avanzando con la prescripción adquisitiva contra el Estado Provincial, porque estas tierras fueron expropiadas por la quiebra de la empresa, la familia vive desde hace años allí y hay documentación respaldatoria. La señora que denuncia solo tiene una copia de un boleto de compra-venta de 1991, no pudo comprobar la titularidad sobre el inmueble ante la justicia y no reclamó antes” dijo Mercedes Echazú, abogada de la familia.
Otro de los trámites que realizaron es una presentación en Fiscalía de Estado en el que piden una audiencia para poner al corriente al dueño de las tierras sobre la situación.
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