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SUSCRIBITELa bóveda, oculta tras una pared falsa en la mansión de San Bernardino y equipada con tecnología israelí, mantiene en vilo a los investigadores del caso Ueno.
La bóveda misteriosa de Santiago Peña en su mansión de Paraguay.
Un bóveda oculta escondida detrás de un muro falso en la casa de verano del exmandatario Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, concentra la atención de los investigadores de la causa Ueno. Desde el domingo, los equipos de la Fiscalía y la Policía intentan superar el segundo dispositivo de seguridad, pero todavía no consiguieron acceder al interior.
El recinto secreto salió a la luz durante un procedimiento judicial en la propiedad situada en el sector de Ciervo Cuá, a aproximadamente 50 kilómetros al este de Asunción. La intervención se inició el domingo, minutos antes de las 19, y contó con la conducción de los fiscales Cristian Benítez, Silvia González y Elena Fiore.
Si bien los agentes consiguieron abrir el primer acceso, el operativo quedó bloqueado ante una segunda puerta equipada con un sistema de seguridad de procedencia israelí. El mecanismo reúne distintas formas de autenticación, entre ellas identificación facial o del iris, lector de huellas, contraseña numérica y cerraduras con llaves tipo multilock.
De acuerdo con publicaciones de la prensa paraguaya, el acceso reforzado que protege la bóveda cuenta con un mínimo de cuatro sistemas de autenticación que funcionan en simultáneo. Las imágenes registradas durante el allanamiento permiten observar un corredor que nace en uno de los dormitorios de la propiedad y desemboca directamente en la puerta blindada.
Una segunda filmación, que hasta el momento no cuenta con una autenticidad confirmada, aparentaría revelar cómo era el interior de la cámara durante la construcción de la vivienda, cuando todavía no había sido ocupada ni equipada. El material deja ver las dimensiones del ambiente y permite distinguir el ingreso de claridad natural desde el exterior por medio de aberturas parcialmente cubiertas con ladrillos.
Cuando terminó el procedimiento judicial, el acceso permanecía bloqueado. El Ministerio Público dio cuenta del operativo a través de una comunicación oficial, pero no hizo ninguna referencia a la existencia de la bóveda. La custodia del inmueble quedó bajo la responsabilidad de efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado.
Benítez señaló que la Fiscalía estudia diferentes vías para conseguir abrir la cámara secreta. Entre las posibilidades figura comunicarse con Leticia Ocampos, pareja del exjefe de Estado, y comprobar si sus datos biométricos, en particular el iris, fueron incorporados al sistema como credencial habilitada.
Otra opción bajo consideración es recurrir a otros integrantes de la familia del exmandatario, aunque ninguno está legalmente obligado a brindar colaboración.
Como última alternativa, y la de mayor complejidad, se analiza la posibilidad de realizar una explosión controlada para acceder al recinto. Sin embargo, el representante del Ministerio Público remarcó que todavía no se resolvió cómo proceder y que cualquier intervención requerirá la evaluación de expertos, debido a los posibles daños que podría ocasionar tanto en la construcción como en los elementos que se encuentren dentro de ella.
Por el momento, las autoridades no consideran llevar a Peña hasta la vivienda para que sea él quien habilite el ingreso a la cámara. El exjefe de Estado continúa detenido preventivamente en el Regimiento Escolta Presidencial, situado en Asunción.
Además, durante la jornada del domingo, los fiscales secuestraron un teléfono iPhone perteneciente a Peña en esa unidad militar, después de que el comandante informara que el exmandatario podía utilizar el aparato.
La propiedad quedó incluida en la causa debido a que su edificación contó con financiamiento de Ueno Bank. De acuerdo con una investigación periodística, la obra demandó una inversión cercana a los G. 7.700 millones, equivalente a unos 2 millones de dólares. Para cubrir ese monto, el 13 de mayo de 2024, cuando Peña ya estaba al frente del Ejecutivo, la entidad bancaria le concedió dos créditos en simultáneo.
Los pagos mensuales de ambos financiamientos llegaban a G. 239 millones, un importe que seis veces superaba el sueldo presidencial del exmandatario, establecido en G. 37.908.800.
En la sexta presentación de su declaración patrimonial, Peña registró la vivienda con una valuación de G. 7.750 millones. De ese total, G. 1.450 millones corresponden al lote, que compró en 2023 y cuenta con 5.012 metros cuadrados, mientras que los G. 6.300 millones restantes fueron atribuidos a la construcción y al equipamiento del inmueble, cuya superficie edificada alcanza los 1.015 metros cuadrados, de acuerdo con información de la Contraloría.
La Justicia atribuyó al exmandatario los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según los cálculos de la Fiscalía, el supuesto daño económico rondaría los 809 millones de dólares, una estimación basada en los recursos públicos que fueron depositados en la entidad bancaria.
Peña llegó al final de su mandato tras ser removido mediante un juicio político y rechaza los señalamientos en su contra. En enero de 2025, cuando recibió cuestionamientos por la propiedad, afirmó que “trabaja desde los 18 años” y se definió como “una persona honesta, trabajadora”. Hasta el momento, sus representantes legales no se pronunciaron sobre el operativo en la vivienda ni sobre el hallazgo de la bóveda.
Por otra parte, la letrada Carolina Berdoy, residente de San Bernardino, solicitó formalmente información a la Municipalidad para investigar eventuales anomalías relacionadas con las normas de construcción, las obligaciones impositivas y el impacto ambiental de los emprendimientos inmobiliarios de ese sector.
La abogada precisó que su intención es obtener “una constatación documental, sin atribuir responsabilidades penales anticipadas”.
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