Este martes un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quedó varado en Panamá luego de que el gobierno de Nicolás Maduro les negara el ingreso a Venezuela. A partir de esta situación, la CIDH dijo que se reunirá con organizaciones de la sociedad civil en el lado colombiano de la frontera.

Según denunció esta mañana la CIDH, el equipo tenía que partir a Venezuela desde Panamá pero no pudo partir por "instrucciones" dictadas a la aerolínea desde el gobierno de Maduro, que, en los días previos, ya se había expresado en contra de la visita.

En su cuenta de Twitter, la CIDH posteó que Copa Airlines impidió el embarque de la delegación cuando estaba a punto de subir al avión, cuando ya tenían sus boarding pass en mano. "Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país", dice el posteo.

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A continuación la CIDH consideró que el "gobierno de facto" de Maduro dejó claro que busca "ocultar" la "grave crisis" de derechos humanos en Venezuela y que por eso impidió que la misión ingresara al país. En la capital panameña, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, declaró ante la prensa que el impedimento de llegar a Venezuela "representa un miedo y como que quieren esconder algo. Es propio de los regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos"

La comisión no visitó Venezuela en los últimos 17 años. Al respecto, su presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, agregó que la situación fue “lamentable” y que "reafirma lo que hemos dicho: hay una crisis en materia de estado de derecho, hay una crisis institucional y es importante que la Comunidad Internacional tenga conocimiento de esto"

En su visita al país, preparada desde julio del año pasado, el equipo de la CIDH buscar “tener acceso en el terreno a la situación de los derechos humanos de muchas personas: niños, niñas, adolescentes, de periodistas, de los hospitales, el tema del abastecimiento de alimentación, la crisis migratoria", detalló la funcionaria.

Tras el conflicto con Maduro, la comisión se dirigirá a Bogotá el miércoles y se instalará en la localidad fronteriza de Cúcuta el jueves y el viernes.

En 2019 el gobierno de Maduro retiró a sus diplomáticos acreditados ante la OEA. A su vez, el organismo desconoce la legitimidad de su segundo mandato ya que no considera que los comiciones donde fue reelecto haya tenido garantías. En lugar del delegado de Maduro está ahora Gustavo Tarre, representante de Juan Guaidó, líder de la Asamblea y reconocido como presidente autodesignado o interino por más de 50 países, entre ellos, Estados Unidos.

Otras denuncias de organismos de derechos humanos

Por otro lado, la ONG Amnistía Internacional indicó a través de su directora para las Américas: “Una y otra vez, el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado evadir el escrutinio internacional y esconder las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se están cometiendo las autoridades bajo su mando en Venezuela. Al impedir el embarque y prohibir la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demuestra una vez más el desprecio que tiene el gobierno de Maduro con la justicia y los derechos humanos del pueblo venezolano.”

Las denuncias no terminan allí ya que según un informe que presentó en julio Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el último año y medio hubo cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La ex mandataria chilena pidió la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), con las que relaciona la mayoría de las muertes.

Además, la organización Human Right Watch denunció que los residentes del sur del país caribeño son víctimas de abusos de grupos armados que controlan las minas de oro y que "parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno".

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