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El Parlamento regional dio además su “respaldo al logro de una solución que no comprometa el amplio proceso de reestructuración de su deuda soberana, rechazando el comportamiento de agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad financiera global”.
En esa línea, el texto aprobado este lunes por el voto de los cinco países que componen el Parlasur recomienda “al Consejo del Mercado Común (CMC) que apruebe la Declaración adoptada en el ámbito del Parlamento de Mercosur (Parlasur) y que inste a las Presidentas y Presidentes de los Estados Parte del Mercosur a liderar el proceso de discusión de las deudas externas soberanas en las esferas competentes a nivel mundial”.
Como parte de la delegación argentina en el parlamento regional estuvieron, entre otros, legisladores los diputados Andrés Larroque, Jorge Landau, Julia Perié y Sergio Bergman, y los senadores José Mayans, Laura Montero, María Inés Pilatti Vergara y Rubén Giustiniani.
También estuvieron durante la sesión el embajador argentino ante Mercosur y Aladi, Juan Manuel Abal Medina, y el director de Relaciones Internacionales de Parlasur, Juan Salim.
Las consideraciones del texto aprobado denuncian asimismo que “los fondos especulativos promovieron al crisis sistémica en la economía mundial en 2008”, y toma como antecedentes las declaraciones de otros organismos internacionales sobre el tema, entre ellos Unasur, OEA, G77+China y el Parlamento Andino.
La resolución aprobada en el Parlasur destaca también “los esfuerzos que viene realizando” Argentina “para honrar los compromisos adquiridos desde la reestructuración de su deuda soberana en los años 2005 y 2010”.
Además, el texto asegura que la “decisión de la justicia norteamericana pone en riesgo no sólo la resolución cooperativa de crisis de deuda soberana de los Estados, sino que condiciona severamente la estabilidad y el desarrollo social y económico de la República Argentina”.
Además, se expresa que “al no considerar el proceso de reestructuración de la deuda, negociada en 2005 e 2010 por el gobierno argentino con más de 92% de los acreedores, la decisión del juez Thomas Griesa y de la Corte Suprema de los Estados Unidos produjeron una decisión simplemente inaplicable”.
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