El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que no es la Corte suprema, rechazó en la noche del martes un pedido de hábeas corpus realizado, preventivamente, por los abogados del ex presidente Lula da Silva para impedir su detención. El recurso fue presentado ante la posibilidad de que la justicia decrete la prisión del ex mandatario una vez que terminen todas las apelaciones de la sentencia en segunda instancia proferida el miércoles de la semana pasada por un tribunal regional de Porto Alegre, que aumentó la pena de 9 años y medio a 12 años y un mes de cárcel.
El juez Humberto Martins, presidente del STJ, tomó una decisión “temporaria”, es decir, que puede ser reevaluada por cinco jueces de ese mismo tribunal. Como sea, según Martins, “el habeas corpus preventivo solo puede tener lugar cuando, de hecho, hubiera alguna amenaza a la libertad” de la persona en la medida en que el “solicitante” tema ser “preso ilegalmente”. Es decir, de acuerdo con la propia aclaración judicial, debe existir una amenaza concreta inminente de prisión.
Para el juez tal “recelo de prisión inmediata no parece presente”. Pero agrega, también, y esta es la parte que sí genera incertidumbres para el ex presidente y su defensa, que “la posibilidad de ejecutar la pena antes que se agoten los recursos (en las instancias superiores) está amparada en las decisiones de este Tribunal y del Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema)” con lo cual no se violaría el principio constitucional de inocencia.
El abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin, había solicitado el hábeas corpus en función de que la Constitución garantiza la presunción de inocencia “y el derecho de recurrir de la condena ilegítima” en libertad. El defensor sostuvo que irá a utilizar “todos los medios jurídicos” a disposición para impedir que Lula se vea privado de su libertad. Poco después de la condena del ex presidente, un juez de Brasilia pidió a la Policía Federal que retuviera el pasaporte del líder del Partido de los Trabajadores.
Toda esta situación de aparentes indefiniciones y contradicciones, sobre si correspondería o no la detención del líder político, se generó en una decisión adoptada en 2016 por la Corte, según la cual una vez ratificada la condena en segunda instancia la justicia estaría en condiciones de dar la orden de prisión. Este criterio, que fue votado con un resultado muy apretado (6 a favor y cinco en contra entre los 11 miembros del supremo tribunal), fue cuestionado días atrás por el ministro de esa Corte Marco Aurelio Mello. Sostuvo que era preciso “revisar” aquella resolución y argumentó que la cárcel del ex presidente Lula podría “incendiar el país”. La presidenta de la Corte, Carmen Lucia Antunes Rocha, declaró este martes que no piensa poner en discusión la posibilidad de ordenar la detención de un reo después de sentenciado en segunda instancia. Sin embargo, dejó abierta la puerta al señalar que otro magistrado puede demandar reabrir el tema.
FUENTE: Clarín
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