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3 de septiembre de 2016 - 06:00

Declararon la emergencia en seguridad en Rosario

El Concejo Municipal le dio facultades a la intendenta para intervenir en la problemática; el jueves próximo se realizará una nueva marcha contra la ola de violencia que azota a la ciudad.

Una semana después de que más de 20.000 personas reclamaran medidas contra la ola de violencia que dejó 136 muertos en lo que va del año en Rosario, el Concejo Municipal declaró la emergencia en seguridad en esa ciudad, que regirá durante 180 días.

A la par, continúan las negociaciones entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno santafecino para terminar de acordar un plan de seguridad urbana en las dos principales ciudades de la provincia.

Entre el lunes y el martes próximo habrá una nueva reunión en la que está previsto que se firme un acuerdo para un nuevo desembarco de fuerzas federales en Rosario y Santa Fe. Desde la cartera de Seguridad de la Nación argumentan que es necesario diseñar un plan integral de lucha contra el narcotráfico y la violencia.

A través de las redes sociales se convocó para el jueves próximo a una nueva marcha bajo la consigna "Rosario sangra", una concentración que amenaza ser multitudinaria como la primera.

En ese marco, desde el poder político local intentaron mostrarse activos ante las demandas de de políticas en materia de seguridad. El Concejo Municipal aprobó un paquete de 28 medidas sobre el tema, entre las que se encuentra la declaración de la emergencia en seguridad.

En rigor, esa ordenanza motorizada por el edil peronista Diego Giuliano desde 2011 sólo habilita a la intendenta Mónica Fein a reasignar partidas para acciones vinculadas a la seguridad ciudadana y a efectuar contrataciones directas para bienes y servicios relacionados a la temática por un lapso de seis meses.

Dentro del paquete de medidas se aprobaron otras ordenanzas impulsadas por la intendenta como la habilitación para usar el material de las videocámaras instaladas en la ciudad para cobrar multas de dos faltas de tránsito graves. Esta normativa desató fuertes críticas, sobre todo desde los gremios de taxistas que ven un fin recaudatorio en esta ordenanza.

Los ediles dispusieron la creación de la Dirección de Víctimas, que tendrá como objetivo diseñar e implementar estrategias de restitución de derechos y de refuerzo de las capacidades de las víctimas para atravesar la situación traumática sufrida.

Otra medida aprobada está vinculada a reforzar las exigencias y controles a determinados rubros comerciales potencialmente conflictivos como armerías, locales de ventas de celulares, desarmaderos, talleres mecánicos y espacios vinculados a los espectáculos públicos nocturnos. Esta norma obliga a los empresarios de estos rubros a tramitar un certificado de antecedentes penales. Y en caso de tenerlos, el municipio deberá rechazar la habilitación o su renovación.

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