El Gobierno reglamentó la reforma laboral a través de un decreto consensuado con empresarios y sindicatos, lo que consideran una " modernización histórica" de las leyes laborales en Argentina. El objetivo es reducir el trabajo no registrado, cercano al 50%, y fomentar el empleo formal. Entre los puntos clave se incluye la posibilidad de que empresas y trabajadores negocien sistemas de indemnización alternativos a los actuales, siempre de manera voluntaria. El decreto abarca 17 artículos que buscan dar más flexibilidad y libertad a las partes en los convenios colectivos de trabajo.
Este blanqueo no incluye a empleados del sector público ni trabajo en casas particulares, y no se condonan deudas por regímenes previsionales diferenciales ni crisis laborales previas.
Federico Sturzenegger y Julio Cordero destacaron que el blanqueo laboral está ligado a la simplificación del registro de trabajadores. Según explicaron, reducir la cantidad de datos necesarios para dar de alta a un empleado es clave para fomentar la formalidad. En colaboración con la AFIP, se implementó una agenda de simplificación que reduce de 22 a 7 los datos requeridos para registrar a un trabajador, facilitando el proceso y apoyando el objetivo de reducir la informalidad laboral.
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Bloqueos sindicales
Los funcionarios reconocieron que el artículo 94, que establece el despido justificado por participar en bloqueos o tomas de establecimientos, fue el más complicado de reglamentar. Mientras los empresarios pedían mantener una postura firme, la CGT propuso un procedimiento judicial previo antes de despedir a los responsables de bloqueos. Ante la falta de consenso, el Gobierno decidió no reglamentar este artículo, pero respetó el espíritu de la norma original aprobada por el Congreso. Aunque esto podría generar temores de judicialización, Sturzenegger y Cordero relativizaron esa posibilidad, sugiriendo que los empleadores tomarán las precauciones necesarias para demostrar un bloqueo antes de proceder con despidos.
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Trabajadores independientes con colaboradores
El artículo 97, que introduce la figura del trabajador independiente con la posibilidad de contratar hasta tres colaboradores, fue objetado por la CGT, que lo consideraba una vía para precarizar el trabajo. Sin embargo, Cordero defendió su utilidad para fomentar el empleo, asegurando que el régimen deja clara la autonomía y ausencia de dependencia entre los involucrados.
En la reglamentación, el Gobierno tranquilizó a la CGT al basar la figura en los regímenes de monotributo y autónomos, evitando la creación de una nueva figura que pudiera ser utilizada como fraude. Además, se establecieron limitaciones para que no se aplique en grandes procesos productivos y se subrayó que no debe tener características de relación de dependencia, lo que permitirá que trabajadores informales accedan a la formalidad con los beneficios del sistema social.
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Fondo de cese
El artículo 96 de la Ley Bases introduce una de las reformas más significativas en materia laboral, permitiendo la creación de un sistema indemnizatorio alternativo. Inspirado en el Fondo de Cese Laboral de la construcción, esta nueva opción se puede pactar en los convenios colectivos de trabajo y es voluntaria tanto para empresas como para trabajadores.
Sturzenegger destacó que el objetivo es dar libertad a las partes para redefinir la relación laboral en términos de indemnización, eliminando incertidumbres y reduciendo costos laborales. Este sistema permite optar entre modelos como el fondo de cese individual, un sistema solidario o incluso aseguradoras privadas, siempre con la flexibilidad de mantenerse en el régimen indemnizatorio actual si no se llega a un acuerdo.
El enfoque de la reforma es que ambas partes (empresas y trabajadores) se beneficien, sin imposiciones desde las cúpulas sindicales o empresariales. Sturzenegger subrayó que la clave del éxito será la libertad para negociar, con restricciones mínimas para proteger los fondos involucrados, asegurando que el nuevo sistema sea justo y beneficioso para ambos sectores.
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Cordero destacó que este artículo es innovador en el Derecho Laboral, alineado con la visión de "libertad individual dentro del contrato de trabajo", pero respaldada por la protección de los convenios colectivos. El Gobierno se comprometió a ofrecer apoyo a través de mesas de diálogo para garantizar su implementación efectiva.
