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SUSCRIBITE Herrera y Velásquez denunciaron ante la Fiscalía Penal Nº 4 la situación.
Conforme a lo expresado por la concejala Gloria Herrera en una entrevista con Nuevo Diario, el pasado 23 de agosto, en compañía del concejal Felipe Velásquez, realizaron una visita a la Comunidad San Isidro, situada a una distancia de 8 kilómetros de Iruya.
En compañía de efectivos de la Policía de Salta, constataron que en un área de dimensiones aproximadas de 80x70 metros, se hallaba operando una maquinaria perteneciente a la Municipalidad de Iruya. Además, en el sitio se encontraba personal del gobierno local y herramientas que, según se presume, también pertenecen al ámbito estatal.
Asimismo, los concejales señalaron que presenciaron una considerable cantidad de plántulas de frutales y fertilizantes que fueron transportados hacia la ubicación utilizando vehículos oficiales de la administración municipal. Como resultado de esto, tanto Herrera como Velásquez presentaron una denuncia ante la Fiscalía Penal Nº 4, respaldando su queja con fotografías que mostraban una excavadora en acción, realizando labores de nivelación en el terreno.
En la denuncia interpuesta, se destacó que los concejales cuestionaron a los trabajadores municipales que estaban involucrados en el proyecto, sin embargo, no recibieron ninguna respuesta por parte de ellos. Ante esta falta de información, se comunicaron con el Jefe de Personal de la Municipalidad, Desiderio Velásquez, quien tampoco proporcionó detalles al respecto.
Adicionalmente, en dicha presentación legal se requirió la intervención de la justicia y la entrega de la documentación respaldatoria que certifique la presencia de la maquinaria en la localidad, así como la asistencia de los trabajadores municipales en el lugar.
"Es una vergüenza lo que él hace en beneficio suyo como intendente mientras la gente pasa y tiene un montón de necesidades como el agua", señaló Herrera a este medio.
La concejal hizo mención de una serie de acusaciones previas que han sido presentadas contra el alcalde debido a supuestas irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Estas denuncias incluyen varias ampliaciones y aún no han sido procesadas en el sistema judicial.
Además de las irregularidades mencionadas, la concejal Gloria Herrera subrayó la ausencia de entregas al Concejo Deliberante de los informes sobre la Ejecución Presupuestaria durante los años recientes, así como la falta de rendición de gastos correspondientes a partidas extraordinarias otorgadas a la municipalidad por el ejecutivo provincial.
Por otra parte, en lo que respecta a proyectos de infraestructura, la concejal señaló que la municipalidad obtuvo fondos de la provincia destinados a la edificación de instalaciones sanitarias básicas, las cuales tenían como fecha de entrega estipulada junio del año 2022.
Asimismo, Herrera también afirmó que en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se remitieron los procedimientos relacionados con las viviendas edificadas en la localidad al departamento legal de la entidad debido a irregularidades en la edificación tanto de las viviendas como de las instalaciones sanitarias básicas.
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