Los representantes de cada uno de los sectores acordaron pagar a los trabajadores un monto como "prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser menor al 75%" del sueldo neto.

Las cláusulas del convenio tienen una validez de 60 días contados desde el 1 de abril del 2020.

No podrán ser excluidos todo aquellos que hayan acordado con el empleado prestar servicio desde el lugar de aislamiento o aquellos excluidos del sistema por tratarse de personas con riesgo de salud ya sean mayores o con patologías preexistentes.

El acuerdo no será aplicado a quienes hubiesen convenido o lo hagan a futuro otros criterios de suspensiones, y quienes apliquen el consenso de partes deberán mantener la dotación de personal sin alteraciones durante dos meses, se indicó, en referencia a los gremios que ya han pactado las modalidades de trabajo en la emergencia.

"Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas", señaló el acta firmada por las tres partes intervinientes.

De las discusiones participaron, por el gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló poru la CGT.

El encuentro tripartito, según el acta firmada por funcionarios y dirigentes, procuró consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la grave pandemia de coronavirus.

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