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SUSCRIBITEUn secretario de Cámara de Tucumán denunció que durante un operativo de limpieza habrían retirado y destruido elementos vinculados con causas federales.
Escándalo en Tucumán: denuncian la destrucción de pruebas en el TOF
Una denuncia penal puso bajo investigación el presunto retiro y la destrucción de pruebas pertenecientes a causas federales durante un operativo de limpieza realizado en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán. La presentación fue formulada por el secretario de Cámara, Hugo del Sueldo Padilla y apunta contra magistrados subrogantes que habrían coordinado el procedimiento.
La controversia se originó en el subsuelo del inmueble judicial ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, donde se encontraban almacenados distintos elementos secuestrados y documentación vinculada con expedientes federales. La denuncia fue presentada inicialmente ante el fiscal federal Agustín Chit y posteriormente quedó bajo la órbita de la Fiscalía encabezada por Rafael Vehils Ruiz.
Según la presentación, el conflicto comenzó a principios de mayo, luego de la incorporación de la jueza subrogante Cristina Giordano al cuerpo técnico del tribunal. El 11 de mayo, los magistrados Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano interrogaron al secretario de Cámara por haber impedido que personal de Gendarmería Nacional retirara objetos almacenados en el edificio.
Del Sueldo Padilla sostuvo que tenía a su cargo la custodia legal de esos depósitos desde hacía 33 años. Luego del intercambio, entregó bajo protesta los llaveros institucionales, aunque mantuvo en su poder el acceso a una caja de seguridad vinculada con el expediente del exrector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola.
Entre las irregularidades señaladas aparece el supuesto retiro de documentación e insumos pertenecientes a causas penales que todavía no cuentan con sentencia firme. Empleados judiciales advirtieron que los camiones utilizados en el procedimiento habrían cargado bultos pertenecientes a la denominada causa Ale. Según la presentación, solo pudo recuperarse una cantidad reducida de cajas antes de que fueran retiradas.
La denuncia sostiene que parte del material habría sido descartado sin que se confeccionaran inventarios completos ni actas que permitieran identificar con precisión qué elementos fueron destruidos o trasladados.
Otro de los episodios relatados ocurrió durante la madrugada del 12 de mayo, cuando el prosecretario Adolfo García habría detectado armas de fuego y dos granadas con sus espoletas colocadas entre los elementos almacenados.
De acuerdo con la presentación, los explosivos fueron retirados por personal de Bomberos. Sin embargo, se cuestiona que el procedimiento se habría realizado sin la confección de las correspondientes actas formales. La ausencia de registros documentales sobre el hallazgo y el posterior retiro de esos elementos forma parte de los hechos que ahora deberán ser analizados por la Fiscalía.
Del Sueldo Padilla también afirmó que intentó iniciar un sumario administrativo para dejar asentadas las presuntas anomalías registradas durante el operativo. Según su denuncia, la jueza Cristina Giordano habría roto manualmente la carátula del expediente interno que el funcionario buscaba confeccionar.
La acusación sostiene que esta situación habría impedido dejar constancia formal de lo sucedido durante el vaciamiento del subsuelo y del destino de los materiales que permanecían bajo resguardo judicial.
La investigación también deberá determinar qué ocurrió con las bolsas utilizadas para trasladar los elementos fuera del edificio. Según la versión atribuida al prosecretario García, personal encargado del transporte habría abierto algunas bolsas durante los recorridos y retirado armas y fajos de dinero en efectivo.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y todavía deberán ser corroboradas mediante las medidas de prueba que disponga la Fiscalía. En ese contexto, se reclamó la confección de inventarios detallados para establecer qué elementos estaban depositados en el lugar, cuáles fueron trasladados y cuál fue su destino.
La presentación judicial abrió una investigación sobre el operativo realizado en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Los investigadores deberán determinar si efectivamente fueron destruidos o sustraídos elementos secuestrados, si existían autorizaciones para retirarlos y si se cumplieron los protocolos necesarios para preservar evidencias vinculadas con causas federales.
También se analizará la responsabilidad de los funcionarios y magistrados mencionados en la denuncia. Hasta que finalice la investigación, los hechos señalados permanecen bajo análisis judicial y no implican una determinación de culpabilidad.
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