Si bien la intención del gobierno nacional era iniciar el lunes 30 de Julio el despliegue de unos 500 efectivos militares a la frontera norte de la Argentina, fue necesario demorarlo. La razón fundamental del retraso estuvo dada por una serie de planteos reglamentarios que – según dicen- en especial el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, efectuó a las autoridades políticas.

No obstante, el decreto 727/06 había limitado severamente la posibilidad de actuación de las fuerzas armadas en el territorio nacional, permitiendo solo el uso de efectivos y medios para conjurar un ataque proveniente de un ejército regular de un tercer país.

La norma

En los considerandos de la Resolución 860 se establece en primera instancia que la "Defensa Nacional es una función indelegable del Estado Nacional". Este concepto es inmediatamente seguido por el que sostiene la necesidad del país de "contar con la capacidad de anticipar, disuadir y superar las amenazas, riesgos y desafíos del siglo XXI que afecten la seguridad nacional".

De la lectura de los párrafos siguientes y de acuerdo con la interpretación hecha por diversos especialistas consultados por Infobae, se desprende que la resolución avanza de lleno en el sentido de marcar en virtud de estas nuevas amenazas y nuevos escenarios, en una interacción entre Seguridad y Defensa, pero dejando en claro que no son lo mismo.

Más allá de los diversos conceptos dogmáticos contenidos en los considerandos, la resolución ministerial se aboca luego a una clara definición de las reglas de juego con las que deberán operar los mandos militares en su rol de colaboradores de las fuerzas de seguridad.

Fuerzas arnadas

También la medida acota territorialmente –al menos por ahora- el accionar conjunto a la zona geográfica comprendida entre San Antonio de los Cobres (Salta) y Puerto Iguazú (Misiones) previendo que las tropas militares desplegadas entre tales coordenadas geográficas, realizan actividades de adiestramiento operacional y al mismo tiempo de apoyo social y sanitario a las comunidades locales.

La parte secreta de la resolución

El art 7° de la resolución ministerial establece que la fijación de las "normas de comportamiento" que deberán observar los efectivos militares en todos los operativos en los que tomen parte, a partir del apoyo logístico que brindarán a las fuerzas federales de seguridad.

Fuentes del Ministerio de Defensa justifican este "secreto militar" en la sencilla razón que no resultaría lógico poner sobre aviso a los propios delincuentes narcotraficantes o terroristas, de las circunstancias en las que las FFAA podrían pasar de un rol pasivo o de apoyo al de una efectiva acción defensiva con empleo de armas.

La oposición en alerta

Desde diversos sectores de la oposición se han presentado proyectos para intentar impedir que finalmente el "Operativo Integración" se ponga en marcha. Por el la lado del Frente para la Victoria y propiciado por el ex Ministro de Defensa Agustín Rossi, se ha confeccionado un proyecto de ley tan corto como contundente. "Artículo 1, derogase el decreto del PEN Número 683/18″.

Fuerzas Armadas

Desde el PEN sostienen con firme convicción que esto es un mero hecho político sin consecuencias prácticas, ya que para el supuesto que la norma avanzara tanto en Diputados como en el Senado, esa supuesta ley jamás sería promulgada por el Presidente de la Nación.

FUENTE: Infobae.com
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