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SUSCRIBITE La Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) de Argentina mostró su descontento y rechazó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación de extender nuevamente por 3 meses más la política de Precios Máximos, que mantiene el congelamiento de precios desde marzo.
Remarcaron que ya expusieron la crítica situación que enfrenta la industria de alimentos y bebidas. Copal nuclea a 35 cámaras sectoriales alcanzando a más de 14.500 empresas pequeñas, medianas y grandes a lo largo de todo el país.
“El sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria (actualmente más de 400 mil puestos de trabajo directo)”, expresaron.
También sostuvieron que “los representantes coincidieron en que resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26%. Si bien estas cifras son constatadas por las autoridades, no fueron consideradas para brindar los respectivos aumentos autorizados, que resultaron escasos y esporádicos y que distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos”.
Desde el comienzo de la pandemia, la Industria de alimentos y bebidas nucleada en Copal “fue declarada actividad esencial demostrando su espíritu de acompañar el proceso con todas las dificultades que eso implicaba, tanto para el abastecimiento como para satisfacer las necesidades de los consumidores. En este contexto, se requiere que se reconsidere la aplicación de una medida inmediata para revertir la situación y evitar el agravamiento de esta crisis sin precedentes”, manifestaron.
Por último, comentaron que “respecto a los avances en lo relativo al proyecto de alimentación saludable, los representantes de la Comisión Directiva coincidieron en que se trata de un proyecto que demoniza la actividad y los productos que la industria de alimentos y bebidas elabora, destacando que no se ha dado el debido debate intersectorial, y expresando la profunda preocupación, porque este no preserva las bases para la armonización normativa en el Mercosur, espacio que se encuentra dando tratamiento y sobre el cual la industria de alimentos y bebidas de la región se ha pronunciado en favor de una resolución en el tema”.
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