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SUSCRIBITEAdorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento y obtuvo un préstamo de USD 100 mil, en una operación que es analizada por la Justicia.
Investigan nuevas hipotecas de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la investigación judicial por su patrimonio luego de que se conociera nuevas hipotecas, en este caso su departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco para obtener un préstamo de 100.000 dólares.
La operación se realizó el 15 de noviembre de 2024 y, según consta en la documentación, el dinero fue aportado por dos mujeres: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría prestado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con un aporte de 15.000 dólares.
El inmueble hipotecado era la vivienda donde el funcionario residía junto a su familia. La operación coincide con la compra de una casa por parte de su esposa, Bettina Angeletti, en el country Indio Cuá, lo que despertó interrogantes en la investigación sobre la simultaneidad de los movimientos financieros.
La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza el crecimiento patrimonial de Adorni y solicitó nuevas medidas de prueba. En ese marco, convocó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino tanto en esta operación como en otras adquisiciones del funcionario.
Además, se requirió documentación a registros de la propiedad, entidades bancarias y organismos oficiales para reconstruir el origen de los fondos y las condiciones de los préstamos.
La investigación también incluye la compra de un departamento en Caballito, escriturado a fines de 2025. En ese caso, el funcionario habría recibido un préstamo de 200.000 dólares por parte de las anteriores propietarias del inmueble, cubriendo cerca del 90% del valor declarado.
Estos datos se suman a otras líneas de investigación que analizan presuntos vínculos entre Adorni y el financiamiento de vuelos privados hacia Punta del Este, en una causa paralela que también tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La fiscalía sostiene que existen “motivos suficientes” para profundizar el análisis de la evolución patrimonial del funcionario, en un contexto donde se busca determinar si hubo irregularidades o incompatibilidades en las operaciones realizadas.
Mientras avanzan ambas investigaciones en Comodoro Py, el caso mantiene en el centro del debate público la transparencia en la función pública y el origen de los recursos utilizados en operaciones inmobiliarias de alto valor.
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