La Justicia rechazó el pedido de Chiqui Tapia para viajar al exterior sin autorización previa

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La defensa de Chiqui Tapia pidió evitar autorizaciones viaje por viaje

Los abogados del presidente de AFA plantearon que la actividad pública del dirigente “resulta incompatible con los tiempos que demanda la tramitación de autorizaciones individuales” y pidió reemplazar ese sistema por una habilitación general por 60 días.

Según sostuvo, la medida no implicaba eliminar la restricción vigente, sino establecer un mecanismo “más razonable, eficaz y menos gravoso”. Además, argumentó que toda limitación a la libertad ambulatoria debe aplicarse con criterio restrictivo y proporcional.

También remarcaron que Tapia no tiene antecedentes penales, que una eventual condena sería de ejecución condicional y que eso reduce cualquier hipótesis de fuga. A eso sumó el “sólido arraigo institucional, familiar y laboral” del dirigente y cuestionó la “carga burocrática excesiva” de tramitar permisos caso por caso.

Incluso ofreció medidas alternativas para disminuir riesgos procesales, como comparecencias periódicas, informes de viaje y el compromiso de regresar al país en 48 horas ante cualquier requerimiento judicial.

En esa línea, el fiscal Claudio Navas Rial se mostró a favor de flexibilizar la medida. En su dictamen, consideró que el tribunal podía autorizar una habilitación extendida por el plazo solicitado, siempre con medidas adecuadas de sujeción al proceso.

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El juez habló de riesgo procesal y falta de precisiones

Pese a ese planteo, Amarante rechazó el pedido. En su resolución sostuvo que la solicitud tenía una modalidad genérica que se diferenciaba de los permisos excepcionales y limitados que ya se habían otorgado antes.

El juez entendió que una autorización amplia de ese tipo exige un cumplimiento riguroso de las pautas impuestas, algo que, a su criterio, no ocurrió en el caso de Tapia. Como antecedente, recordó que en una oportunidad anterior el titular de la AFA intentó modificar de manera unilateral el itinerario de un viaje que ya había sido autorizado.

Ese episodio estuvo vinculado con un traslado a Venezuela. Según la resolución, primero se intentó concretar el viaje desde otro destino y luego se pidió autorización judicial, que fue rechazada. Tapia había informado que el objetivo era participar de la inauguración de obras de un centro de alto rendimiento deportivo en ese país.

Para Amarante, no se informaron de manera completa todas las circunstancias relevantes de esos movimientos, algo que impide confiar en una habilitación sin control previo. Por eso concluyó que otorgar un permiso amplio “diluiría el control jurisdiccional efectivo y necesario para asegurar los fines del proceso”.

Uno de los cuestionamientos fue la falta de una agenda cerrada

Otro punto central del rechazo fue la falta de precisión del pedido. El magistrado señaló que no se detallaron con claridad los destinos ni una agenda cerrada de compromisos, lo que dificulta el control sobre la sujeción del imputado al proceso judicial.

En ese sentido, descartó que revisar cada viaje implique una carga innecesaria para el tribunal y sostuvo que no se trata de una burocracia excesiva, sino de una herramienta cautelar necesaria.

Además, consideró que la documentación presentada por la defensa no acreditó una urgencia concreta. Entre otros ejemplos, mencionó que uno de los eventos invocados, la Finalissima, ya había sido suspendido y que otras invitaciones fueron informadas con demora.

El fallo también incluyó un dato surgido de la propia declaración indagatoria de Tapia: en 2024 pasó 141 días fuera del país y en 2025, 139. Para el juez, esa cifra demuestra que su ausencia física del territorio nacional no fue un impedimento para ejercer sus cargos.

Mientras tanto, en la causa ya fueron indagados todos los acusados y todavía resta que se resuelvan sus situaciones procesales. Además, la Cámara Nacional en lo Penal Económico debe decidir sobre un planteo de inexistencia de delito presentado por las defensas.