El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar interina y suspendió el decreto 116/2025, con el que el presidente Javier Milei había convertido al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima (SA). La decisión judicial impide la implementación del decreto hasta que se resuelva el fondo de la cuestión y ordena al Gobierno nacional y a la entidad bancaria abstenerse de ejecutar cualquier acción derivada de la disposición oficial.
El fallo responde a una causa judicial iniciada el año pasado contra una posible privatización del Banco Nación y establece que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar la estructura de la entidad sin la intervención del Congreso.
Los argumentos del juez
Ramos Padilla fundamentó su decisión en que el Banco Nación es una entidad autárquica creada por el Congreso y, por lo tanto, cualquier modificación de su naturaleza jurídica debe ser aprobada por el Poder Legislativo. “Es el Congreso Nacional el único órgano facultado para revocar su carácter autárquico”, sostuvo el magistrado en la resolución de 15 páginas en la que dejó en suspenso el decreto presidencial.
Además, advirtió que el decreto firmado por Milei y su equipo de gobierno “fue dictado en exceso”, ya que la Ley Bases, aprobada recientemente, excluyó expresamente al Banco Nación del listado de empresas estatales sujetas a privatización. Aunque la norma oficializada no establece la venta de la entidad, el magistrado consideró que modificar su figura jurídica a sociedad anónima podría representar un paso previo en ese sentido.
Plazos y respuesta del Gobierno
En el mismo fallo, Ramos Padilla otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días para presentar sus argumentos y responder a la medida cautelar. En ese período, el Gobierno deberá justificar la legalidad del decreto y su compatibilidad con la legislación vigente.
El decreto 116/2025 fue publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado y establecía la conversión del Banco Nación de sociedad del Estado a sociedad anónima. Desde el Ejecutivo argumentaron que este cambio no significaba una privatización sino una reestructuración que otorgaría mayor flexibilidad para la capitalización de la entidad y la haría más competitiva en el mercado financiero.
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