El proyecto de ley de ordenamiento del sector azucarero fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, con el voto de los 42 parlamentarios presentes en la sesión extraordinaria realizada ayer.
La norma, que establece la creación de un instituto que se encargará de controlar el destino de la producción de azúcar y de alcohol de Tucumán y sanciones para los ingenios que incumplan con los acuerdos de exportación, recibió objeciones en algunos de sus artículos por parte de la oposición, pero finalmente prevaleció el número de la bancada oficialista.
La sesión comenzó a las 17 y se extendió hasta pasadas las 22.30, e incluyó un largo debate por parte de los legisladores, que en general coincidieron en la importancia de la intervención del Estado provincial en la principal actividad productiva de la provincia. En las gradas, referentes del sector cañero y de los sindicatos azucareros se hicieron presentes para apoyar la iniciativa que impulsó el Poder Ejecutivo. Precisamente, el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, a cuyo cargo estuvo la elaboración del proyecto, se mostró sentado en primera fila atendiendo las deliberaciones. Según anunció ayer el gobernador, José Alperovich, y lo ratificó luego Feijóo a LA GACETA, la flamante ley será promulgada de inmediato para que entre en vigencia antes del inicio de la próxima zafra, previsto para mayo o junio.
A través de la iniciativa legal, se declaró de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y de alcohol elaborados a partir de la caña. Además, se crea el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, como ente autárquico, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado. El Instituto estimará, al comienzo de cada zafra, la cantidad de la producción de azúcar y alcohol que debe destinarse al abastecimiento del mercado interno y administrará el sistema de depósito de azúcares que se creará a instancias de la ley. En este marco, también impondrá sanciones por incumplimientos de los preceptos de la norma.
En cada zafra, el Instituto establecerá el cronograma conforme al cual cada ingenio azucarero deberá proceder al depósito del azúcar en los almacenes fiscales, con una periodicidad que no exceda los 30 días. Los ingenios podrán optar por entregar en custodia al Instituto los certificados de depósito y certificados warrants no negociados, por las cantidades de azúcar a su cargo.
La mayoría oficialista en la Cámara impuso su número para aprobar el dictamen de la Comisión de Economía y Producción, que preside el legislador Guillermo Gassenbauer, en detrimento de un dictamen en minoría de la oposición. En especial, los parlamentarios que no pertenecen al oficialismo objetaron el artículo 5 del proyecto, que dispone que el directorio del Instituto esté integrado por seis miembros designados por el Poder Ejecutivo provincial: dos representantes del Gobierno, uno de los cuales será el presidente; dos de los ingenios azucareros y dos de los productores de caña de azúcar; con sus respectivos suplentes. Los opositores proponían que se amplíe a cuatro los representantes del sector cañero, y que sean designados a instancias de las entidades que los representan, y no por el Ejecutivo.
Discrepancia oficial
Está previsto que el instituto se financie a través de una tasa retributiva de servicios a cargo de los productores cañeros, de los ingenios azucareros y de las destilerías de alcohol equivalente al 5‰ del valor de la cantidad total de azúcar y alcohol producidos. En este punto hubo discrepancias en el seno del bloque oficialista, ya que el legislador Gerónimo Vargas Aignasse alertó que al mencionar la ley el concepto de "tasa retributiva de servicios" se podría dejar un flanco legal abierto para que los abogados de las partes afectadas cuestionaran la norma por la vía judicial. Argumentó que el Instituto no brindará un servicio específico como retribución a la tasa, por lo que propuso que se reemplazara el término por el de "contribución especial", lo que fue desestimado por Gassenbauer y por el legislador Ramiro González Navarro.
Hubo fuertes cuestionamientos al rol histórico de los ingenios
Durante la sesión legislativa de ayer hubo referentes cañeros y del ámbito laboral azucarero, pero no se observó presencia de referentes de la industria. Casi todos los legisladores que hicieron uso de la palabra previo a la votación final cuestionaron el rol de los ingenios en el manejo del negocio azucarero, y los responsabilizaron por la crisis actual del sector, así como de otras etapas negativas en la historia de la actividad.
Las voces opositoras se centraron en cuestionar el hecho de los ingenios tuvieran a su cargo los depósitos de azúcar, con el argumento de la industria no resulta confiable para tal propósito. Sin embargo, el oficialismo no atendió este reclamo.
"El proyecto en discusión genera algunas dudas sobre si se podrá aplicar o no todo el rigor de la fuerza pública para con los incumplidores", cuestionó Federico Romano Norri, del bloque Hipólito Yrigoyen. Sostuvo que el gobernador, José Alperovich, "minimizó el problema azucarero y la respuesta del Estado llega muy tarde, porque los cañeros ya exportaron". La legisladora radical Silvia Elías planteó su preocupación por lo engorrosos que serán los controles en los ingenios.
La nota jocosa de la jornada la puso el legislador radical Ariel García, cuando calificó de "nuevo perro familiar de Tucumán" al industrial sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro. "Contamina canales y ríos. Es un industrial inescrupuloso que se cree el nuevo dueño de Tucumán, pero tiene decenas de denuncias y causas judiciales por contaminación", sentenció.
Planteo nacional
Un punto que generó discusiones fue la necesidad de que se avance en la sanción de una ley nacional que regule el mercado azucarero argentino, ya que la norma sancionada ayer en la Legislatura sólo tiene alcance a la producción de Tucumán, que concentra el 60% de la producción nacional de azúcar. A partir de esta inquietud, la Cámara aprobó un proyecto de resolución presentado sobre tablas para impulsar una ley nacional azucarera.
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