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SUSCRIBITEEl Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones y limitar esos procesos a casos excepcionales.
Foto ilustrativa.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de endurecer las condiciones para avanzar sobre bienes privados y evitar que se repitan situaciones como la que derivó en el juicio por la expropiación de YPF.
La iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei por cadena nacional tras el fallo que revirtió la sentencia de primera instancia contra la Argentina.
Según el texto difundido, la propuesta apunta a restringir las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y a reforzar la protección de la propiedad privada para incentivar inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica.
La reforma propone modificar la ley 21.499 para definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones vinculadas a una expropiación. De acuerdo con la explicación oficial, se busca eliminar zonas grises y establecer reglas más precisas sobre cómo debe calcularse el valor de los bienes afectados.
Uno de los puntos centrales es que el valor del bien deberá calcularse según su precio de mercado antes de cualquier anuncio o alteración provocada por la propia expropiación. Además, ese monto será actualizado por inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor del Indec hasta el momento del pago.
El proyecto también establece que el organismo expropiante deberá solicitar al menos dos valuaciones independientes y publicar tanto el precio como la metodología utilizada para fijarlo. Si se tratara de una empresa que cotiza en bolsa, se tomará el valor de sus acciones previo a que se conozca públicamente la noticia de la expropiación.
La iniciativa dispone que la compensación por una expropiación cubrirá el valor real de mercado del bien y los daños directos derivados de ese proceso. También sumará actualización por inflación e intereses.
A la vez, el texto aclara que no se considerarán factores personales, sentimientos, posibles ganancias futuras ni aumentos de valor asociados a una obra posterior. En ese punto, el proyecto busca poner límites precisos sobre qué conceptos forman parte de la indemnización y cuáles no.
Otro cambio importante es que el pago deberá realizarse en efectivo, salvo que la persona afectada acepte voluntariamente otra forma de compensación. Además, la transferencia de la propiedad solo podrá concretarse una vez abonada la indemnización completa.
En el caso de expropiaciones sobre empresas, el monto a pagar se definirá en función del valor que tenga al momento en que el propietario pierda la posesión. Si hubiera depósitos previos en el juicio, se descontarán de la suma final y la diferencia se actualizará hasta el pago total. También se fija una tasa de interés del 6% anual.
El proyecto además determina que la indemnización no estará alcanzada por impuestos ni otras cargas. Respecto de las ocupaciones temporales anormales, solo podrán ser ordenadas por el Poder Ejecutivo, deberán compensar los daños ocasionados y no podrán extenderse por más de 60 días ni repetirse.
Al anunciar el envío del proyecto, Milei vinculó la reforma con el caso YPF y aseguró que una resolución adversa le hubiera costado al país US$18.000 millones. En ese contexto, sostuvo que la expropiación de 2012 tuvo un costo muy alto en términos de inversiones, riesgo país y crecimiento económico.
La postura oficial es que el nuevo esquema debe servir para que “nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio” y para evitar nuevas controversias judiciales de gran impacto económico.
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