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SUSCRIBITELa Sala IV anuló el procesamiento de Alberto Fernández tras un planteo de su defensa y un pedido fiscal para incorporar testimonios.
La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa seguros.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar este miércoles al planteo presentado por Alberto Fernández y dejó sin efecto la confirmación del procesamiento por presuntos hechos de corrupción que había sido ratificada previamente por la instancia inferior en el marco de la causa Seguros.
Como consecuencia de esta resolución, se dispuso que la Cámara Federal emita un nuevo fallo. De todos modos, los magistrados no entraron a analizar el fondo de la cuestión: no se pronuncian sobre la eventual responsabilidad o inocencia del ex mandatario en los hechos investigados, sino que ordenan que el tribunal revisor vuelva a evaluar el procedimiento mediante el cual se había confirmado su procesamiento.
La decisión de dejar sin efecto la confirmación del procesamiento fue adoptada por mayoría, integrada por los magistrados Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En su presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, el ex presidente había solicitado la nulidad de las imputaciones en su contra, las cuales podrían derivar en su primer juicio oral por presuntos hechos de corrupción.
En esta causa, iniciada a partir de una investigación judicial, el ex mandatario fue finalmente procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Un decreto firmado por Alberto Fernández, junto con 45 contratos, la intervención de 25 intermediarios en el sistema de seguros, pagos de comisiones millonarias, la participación de una cooperativa que habría operado como entidad financiera y la presunta orientación de adjudicaciones forman parte del conjunto de elementos que la Justicia calificó como una supuesta “estructura criminal” destinada a desviar recursos del Estado hacia actores privados.
De acuerdo con la acusación, el total abonado en concepto de comisiones a intermediarios en contratos entre organismos públicos —en operaciones señaladas como irregulares y con posible direccionamiento— ascendió a 3.364.522.944 pesos.
Tras las presentaciones de apelación realizadas por los imputados ante las instancias superiores, el 23 de febrero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— ratificó los procesamientos de diez personas vinculadas a la presunta red de corrupción relacionada con contratos estatales de Nación Seguros y la intervención de intermediarios del sector asegurador.
Las imputaciones comprenden los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, considerados los ejes centrales de las acusaciones.
No obstante, la situación procesal de Alberto Fernández continúa bajo análisis en el máximo tribunal penal, en el marco de su rol como principal señalado dentro del esquema de comisiones y presuntos favoritismos hacia su allegado y broker Héctor Martínez Sosa, quien habría concentrado el 59,6% del total de comisiones abonadas a los intermediarios.
La causa quedó nuevamente bajo revisión porque la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al reclamo de la defensa y resolvió reexaminar el procesamiento. La decisión se apoyó en que, en la etapa anterior, el fiscal de Cámara —José Luis Agüero Iturbe— había considerado necesario incorporar los testimonios propuestos por el ex presidente.
La defensa del ex jefe de Estado argumentó que la resolución cuestionada era “arbitraria”, ya que la confirmación del procesamiento habría surgido de una interpretación incorrecta tanto de las normas sustantivas como procesales, lo que —según sostuvo— implicó una vulneración de garantías constitucionales esenciales, especialmente el derecho al debido proceso y a una defensa plena en juicio.
Esa postura fue compartida por dos de los jueces de la Sala IV de Casación. En su voto conjunto, señalaron ante la Cámara Federal que no existía una verdadera controversia entre la defensa de Alberto Fernández y el Ministerio Público Fiscal, dado que ambos habían solicitado dejar sin efecto el procesamiento y dictar la falta de mérito.
En términos concretos, el juez de la Cámara Mariano Borinsky sostuvo que la ratificación del procesamiento por parte del tribunal de alzada excedió lo solicitado por la acusación, lo que —según su criterio— afectó principios esenciales del proceso penal como el principio acusatorio, el derecho al contradictorio y las garantías del debido proceso.
Cuando la causa fue elevada al máximo tribunal penal, el fiscal general ante esa instancia, Raúl Pleé, se pronunció en contra de los planteos de la defensa de Alberto Fernández, al considerar que los argumentos presentados no contaban con fundamento jurídico suficiente como para justificar la anulación de la resolución que había confirmado el procesamiento.
En ese sentido, los jueces de la Cámara señalaron que la participación del Ministerio Público no resolvía la cuestión de fondo, ya que dicho dictamen no aportaba fundamentos específicos vinculados al caso que permitieran justificar un cambio respecto de la posición fiscal previa. Según explicaron, se trató de una argumentación basada en referencias generales al principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, lo cual resultó insuficiente para sostener la inadmisibilidad del planteo ni para rechazar el recurso presentado por la defensa.
Por su parte, el magistrado Javier Carbajo sostuvo que la decisión de la Cámara de Apelaciones encargada de revisar lo resuelto por los jueces de instrucción se había emitido excediendo lo solicitado oportunamente por la acusación. Ese razonamiento fue determinante para que adhiriera al criterio de su colega de la Sala IV, Mariano Borinsky.
En síntesis, los jueces concluyeron que correspondía hacer lugar al planteo de nulidad del procesamiento por presuntos hechos de corrupción contra Alberto Fernández. En consecuencia, ordenaron la devolución del expediente al tribunal de origen para que dicte una nueva resolución.
En cambio, el magistrado Gustavo Hornos se pronunció en sentido opuesto y consideró que el recurso debía ser declarado inadmisible. A su entender, la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones no constituía una sentencia definitiva ni podía asimilarse a una de ese carácter, por lo que no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el Código Procesal Penal de la Nación.
En línea con lo sostenido previamente por el fiscal de Casación Raúl Pleé, el camarista afirmó que la defensa de Alberto Fernández no logró acreditar la existencia de un perjuicio actual que no pudiera ser reparado en una etapa posterior del proceso.
En relación con la intervención del Ministerio Público Fiscal, y en sentido contrario al criterio de su colega Mariano Borinsky, Hornos destacó que el fiscal general ante Casación había solicitado declarar inadmisible el recurso y, de manera subsidiaria, su rechazo, ratificando así la continuidad del trámite judicial.
A partir de ese análisis, concluyó que no se configuraba una cuestión federal con entidad suficiente para habilitar la intervención del tribunal. Desde su perspectiva, la posición institucional adoptada por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Casación neutralizaba el planteo de agravio basado en la supuesta ausencia de acusación.
Por último, en el voto en minoría se sostuvo que el procesamiento —dictado sin prisión preventiva y luego confirmado por la Cámara de Apelaciones— contaba con sustento jurídico adecuado y respaldo en las pruebas incorporadas a la causa en relación con los hechos investigados. En esa línea, se remarcó que la decisión se apoya, en esta instancia, en la verificación preliminar de la existencia de un presunto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros del Estado.
En ese marco, se señaló que el mecanismo investigado “habría operado mediante el aprovechamiento de la centralización dispuesta por el Decreto 823/2021”, lo que habría facilitado la incorporación irregular de intermediarios y compañías coaseguradoras privadas en el sistema.
Como consecuencia de ello, se habrían generado “pago de comisiones superiores a las de mercado y en la eventual contratación de servicios innecesarios o sobrefacturados”, situación que habría implicado un perjuicio económico para el Estado.
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