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SUSCRIBITESe espera concretar en los próximos días la convocatoria a sesión, donde también tratarán en comisión las posibles interpelaciones por el caso $LIBRA.
La Cámara Baja espera concretar el llamado a sesión para los próximos días.
La Cámara de Diputados busca concretar la convocatoria a sesión para someter a debate varias propuestas que generan gran preocupación en el Ejecutivo Nacional. El cuerpo legislativo debe activar solicitudes de citación a distintas comisiones, es decir, establecer los plazos para los presidentes de esos espacios.
Dichos líderes de cada sector son quienes suelen tener control sobre el avance de los proyectos, hasta poder avanzar con las iniciativas que los gobernadores mantienen vigentes.
Entre las propuestas en debate se incluyen modificaciones en la asignación de los ATN, Aportes del Tesoro Nacional (donde la Cámara de Diputados deberá decidir sobre el rechazo al veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso); además de la discusión sobre la iniciativa que regula la distribución, conforme a la ley de Coparticipación, de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.
El Congreso se encuentra inmerso en la dinámica de la campaña electoral, constituyéndose en el principal escenario de la oposición, que desde hace meses ha ido construyendo mayorías capaces de complicar la gestión del Gobierno de Javier Milei.
El bloque oficialista busca, con escaso éxito, contener los embates de UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. A este conjunto de fuerzas se sumaron recientemente los exlibertarios del nuevo espacio denominado Desarrollo y Coherencia, encabezado por Oscar Zago, un dirigente con amplio conocimiento del interior del mileismo, ya que participó activamente en la estrategia que catapultó a Javier Milei a la presidencia hace dos años.
Martín Menem, titular del bloque de diputados nacionales, muestra gran inquietud por el progreso de las modificaciones a la norma impulsada por la exsenadora Cristina Kirchner, que regula el uso de los DNU, Decretos de Necesidad y Urgencia. Esta ley, sancionada en 2006, fue diseñada en el contexto del gobierno de Néstor Kirchner cuando contaba con mayoría en el Senado. Hoy, los libertarios se han convertido en los principales defensores de esta iniciativa.
La relevancia de la norma radica en que constituye la herramienta que el Presidente utiliza para sortear su reducido grupo de legisladores propios —37 diputados y seis senadores— y, sobre todo, la limitada capacidad de diálogo para conseguir consensos, no solo con la oposición más crítica, sino también con sus aliados en el Congreso.
Mañana a las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, bajo la presidencia de Nicolás Mayoráz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (Pro), emitirán dictamen sobre las iniciativas impulsadas por la oposición, cuyo objetivo es ratificar lo aprobado por el Senado y permitir que el tratamiento en el recinto se realice este miércoles o, como plazo máximo, el 8 de octubre.
A principios de septiembre, el Senado aprobó la reforma de la ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa aprobada por el Senado determina que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) deberá ser convalidado por el Parlamento únicamente si ambas Cámaras lo aprueban expresamente con mayoría absoluta de los legisladores presentes, dentro de un período de 90 días consecutivos a partir de su publicación en el Boletín Oficial. En caso de que no se someta a tratamiento en el Congreso durante ese lapso, el DNU quedará automáticamente sin efecto.
“El rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”, señala la iniciativa.
La negativa del Congreso a un DNU impedirá que el Ejecutivo emita otro decreto sobre el mismo tema durante el mismo año legislativo. Según la legislación vigente, un DNU solo se considera rechazado si ambas Cámaras se oponen. Por el contrario, para que sea ratificado, basta con que obtenga el aval de una sola de ellas.
La oposición orienta su próxima sesión a avanzar en las interpelaciones, ya con dictamen de comisión, contra la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de denuncias de presuntas irregularidades en contratos con laboratorios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), surgidas a partir de audios difundidos por el exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo.
Asimismo, se planea convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para definir los pedidos de interpelación conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional, y dar inicio al procedimiento de Moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Varios legisladores de distintos bloques solicitaron esta medida, que implica retirar la confianza parlamentaria del ministro Coordinador por incumplir la ley de declaración de Emergencia en Discapacidad, aprobada por las cámaras. De aprobarse la Moción de censura en ambas cámaras, Francos podría ser removido de su cargo.
La Comisión Investigadora vinculada al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, presidida por el legislador Maximiliano Ferraro (de la coalición lilito), programó un nuevo citatorio para este martes 30 de septiembre. Se trata del segundo llamado a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien hasta ahora no ha respondido a ninguna de las solicitudes enviadas por el Congreso, así como a diversos funcionarios vinculados al caso.
Además, se notificó al juez de turno en Comodoro Py que las citaciones dirigidas al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo —quien estuvo a cargo de la Unidad de Investigación (UTI) creada por el propio Ejecutivo ante las denuncias de fraude— deberán contar con el acompañamiento de la fuerza pública, tal como lo establece el Reglamento de la Comisión. Hasta el momento, no se han recibido respuestas desde el juzgado federal.
Para la misma jornada del martes, también fueron citados el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; y los empresarios vinculados con criptomonedas y el Token $LIBRA, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, exasesor de la CNV.
El legislador Maximiliano Ferraro confirmó que se solicitó una audiencia con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, encargado de coordinar la relación del Ministerio Público con los demás poderes del Estado.
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