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SUSCRIBITEEl Ejecutivo mantiene suspendida la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, mientras una madre de dos hijos afectados relató su dura experiencia.
Protestas en las oficinas del Andis: manifestantes ingresaron al edificio y piden por las autoridades.
Un grupo de profesionales, trabajadores del sector y familiares vinculados al ámbito de la discapacidad ingresó por la fuerza a la sede porteña de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicada en Belgrano, para exigir una reunión con las autoridades del organismo. El reclamo surge ante la falta de respuestas respecto de la implementación de la ley de emergencia en discapacidad.
La manifestación se inició a primera hora frente al edificio. Según explicaron los asistentes, existía un compromiso previo para que fueran recibidos y se abordaran temas urgentes como la suspensión injustificada de pensiones, los atrasos en los pagos, y la escasez de medicamentos y terapias esenciales.
Sin embargo, tras sucesivas demoras y la posterior cancelación del encuentro, los manifestantes resolvieron ingresar al establecimiento en señal de protesta.
“Esta reunión era para exigirle al nuevo interventor del Andis, Alejandro Vilches, y a todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. “Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, explicó la actriz Valentina Bassi, quien participó de la manifestación junto a familiares de personas con discapacidad.
En la misma línea, Bassi expresó su malestar: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Luego añadió: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato, es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.
De acuerdo con los medios presentes en el lugar, los manifestantes derribaron el vallado de seguridad e ingresaron a las oficinas al grito de consignas contra el Gobierno.
María, madre de dos niños con discapacidad que irrumpió en las oficinas del Andis, declaró ante un canal de televisión: “Esto es calidad de vida, es necesidad. Que nos reciban. Que nos escuchen. Y que me digan en la cara por qué mis hijos no pueden tener su terapia completa, por qué las personas que trabajan acá para mis hijos no cobran en tiempo y forma. Es ilógico. Ellos también tienen familias”.
Visiblemente emocionada, agregó: “Queremos que la Ley se haga efectiva, pero nadie nos informa nada. Tuvimos que ser extremistas y nos tuvimos que volver algo que no somos: violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para poder entrar. ¿Te parece que tenemos que llegar a ese extremo, de ser violentos cuando no lo somos? No somos personas violentas. Necesitamos que nuestros hijos tengan su calidad de vida”.
La creciente inquietud social por la situación que atraviesan las personas con discapacidad se desarrolla en un contexto marcado por el escándalo judicial que investiga presuntos sobornos dentro del Andis, y pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa que anuló el DNU presidencial mediante el cual el Gobierno había resuelto no poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad.
Respecto a la normativa vigente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que su aplicación permanecerá en pausa hasta que el Congreso disponga los recursos económicos necesarios para llevarla adelante.
La medida fue oficializada mediante el decreto 681/2025, difundido en el Boletín Oficial, donde se especifica que la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad queda detenida conforme al artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Poder Legislativo establezca las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional para cubrir los gastos previstos por dicha ley.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo recordó que el proyecto de Presupuesto 2026 fue enviado al Congreso el 15 de septiembre y subrayó que es durante el tratamiento de esa ley cuando se debe analizar de forma global cómo se financiarán los gastos y compromisos que implican las distintas políticas del Estado.
En esa línea, el Gobierno destacó que los fondos necesarios para sostener las erogaciones previstas en la Ley N.º 27.793 deben ser incluidos dentro de ese debate legislativo, a fin de mantener la coherencia del proceso presupuestario y asegurar una gestión ordenada de las cuentas públicas.
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