El Gobierno derogó una resolución de 2012 para facilitar el otorgamiento de nuevas patentes de medicamentos
Se dejó sin efecto la norma de 2012 que imponía limitaciones al patentamiento de productos farmacéuticos. Los fármacos en el mercado no se modificarán.
El Gobierno derogó una resolución de 2012 para facilitar el otorgamiento de nuevas patentes de medicamentos.
El Gobierno eliminó una normativa vigente desde 2012 que imponía limitaciones al registro de patentes de medicamentos, y estableció que, a partir de ahora, será el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el encargado de evaluar y otorgar cada patente de manera individual, sin las restricciones que regían hasta el momento.
Una decisión conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el titular de Economía, Luis Caputo, y el presidente del INPI, Carlos María Gallo, dejó sin validez la resolución equivalente que estaba vigente desde 2012.
El Gobierno derogó una resolución de 2012 para facilitar el otorgamiento de nuevas patentes de medicamentos.
Fin de las restricciones y nuevas atribuciones del INPI
La normativa anterior especificaba las “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, un completo conjunto de directrices técnicas que regían la aprobación de estos registros. Con la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial, será el INPI quien decida, caso por caso, la viabilidad de conceder la patentabilidad de cada invención.
Además, la actualización introduce una medida que podría tener un fuerte impacto en el mercado farmacéutico local. Establece que, para las patentes otorgadas a partir de ahora sobre productos farmacéuticos comercializados en el país, “los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida.
Aunque la resolución no cuenta con su rúbrica, refleja claramente la impronta desreguladora del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró la medida en su cuenta de X.
Según explicó, la decisión del Ejecutivo “Representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina. Esto no solo era un atentado contra el derecho de propiedad sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”, destacó Sturzenegger.
Evaluaciones individuales y protección de los productos
El funcionario precisó que, de ahora en más, el INPI evaluará cada solicitud de patente de manera individual y conforme a la normativa vigente, “Sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo”. Además, aclaró que “los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados de manera alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”.
Quedó sin efecto una norma del kirchnerismo que disponía restricciones para el patentamiento de productos farmacéuticos.
Sturzenegger remarcó que la medida también se enmarca dentro del acuerdo comercial vigente entre Argentina y Estados Unidos: “Con la derogación, Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que, como contraparte de esta normalización, le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica”.
Impacto y cuestionamientos sobre la derogación
“La Resolución marca un punto de inflexión importante en el panorama de las patentes del país”, señaló un análisis elaborado por el estudio Marval, O’Farrell & Mairal. Al mismo tiempo, el texto advirtió sobre ciertos aspectos: “Aunque esta disposición pretende preservar la estabilidad del mercado, plantea cuestiones importantes sobre su alcance y, potencialmente, su validez constitucional, especialmente en relación con los derechos de los titulares de patentes”.
Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger.
“En conjunto, la derogación representa un cambio sustancial y positivo en el sistema de patentes argentino, aportando una mayor apertura a la innovación farmacéutica. Sin embargo, las implicaciones prácticas requerirán una vigilancia estrecha”, concluye el informe.
Según especialistas del área, las directrices que contenía la resolución ahora derogada funcionaban como un obstáculo clave para que el INPI aprobara nuevos patentamientos, al limitar su capacidad de decisión. Debido a las condiciones previas establecidas, el proceso largo y burocrático necesario para obtener la patente de un medicamento terminaba, en muchos casos, con un resultado negativo.
No habrá cambios para los productos que ya están en el mercado.
Por otro lado, expertos consultados advierten que el segundo apartado de la nueva normativa podría desencadenar conflictos legales. Esto se debería a que los laboratorios afectados podrían cuestionar la imposibilidad de percibir retribuciones o regalías por productos ya patentados y comercializados en el país, lo que algunos podrían considerar un perjuicio económico.
“Puerto seguro” para laboratorios locales
El análisis de Marval, O’Farrell & Mairal interpreta el artículo 2° como la implementación de un “puerto seguro”, destinado a resguardar a los laboratorios que ya habían comercializado productos en el mercado argentino durante la vigencia de las directrices ahora eliminadas.
El Gobierno derogó una resolución de 2012 para facilitar el otorgamiento de nuevas patentes de medicamentos.
“Específicamente, para patentes concedidas tras la entrada en vigor de esta nueva regulación —que cubren productos farmacéuticos ya patentados en el extranjero y comercializados localmente por terceros— los titulares de patentes no tendrían derecho a impedir la continuidad de la comercialización de dichos productos ni a reclamar daños y perjuicios”, precisó el informe.
Modernizar el sistema
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Desregulación destacó que la disposición “Moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos, a la vez que elimina restricciones que frenaban el desarrollo y la llegada de nuevas terapias, fortalece la seguridad jurídica y protege la comercialización actual de medicamentos”.
El texto también subrayó que esta modificación potencia la función técnica del INPI, habilitándolo para evaluar cada invención de manera independiente, sin limitaciones adicionales. “En este nuevo marco, la ecuación es clara: más protección a la innovación es igual a más empresas que traen sus terapias a Argentina y a un acceso más rápido a los mejores tratamientos”, concluyó el comunicado.
Quedó sin efecto una norma del kirchnerismo que disponía restricciones para el patentamiento de productos farmacéuticos.
Destacó cinco ventajas principales para la población argentina: contar con un régimen de patentes más transparente y predecible facilita que lleguen al país una mayor cantidad de medicamentos de calidad y tratamientos innovadores en menor tiempo.
Además, subrayó que un marco legal más sólido genera confianza y favorece la inversión en el sector salud, impulsando proyectos de investigación, desarrollo y manufactura farmacéutica, al mismo tiempo que promueve generación de empleo y progreso tecnológico.
El Gobierno derogó una resolución de 2012 que disponía una serie de restricciones para el patentamiento de medicamentos.
Señaló además que la normativa establece una armonización con estándares internacionales, lo que facilita que Argentina se integre a las redes globales de innovación; asegura la protección plena de los medicamentos ya disponibles en el mercado, sin riesgos de retiro ni modificaciones; y anticipa que generará mayor competencia a largo plazo, promoviendo tanto la innovación como la fabricación local.
“Esta reforma marca un cambio estructural en la política de innovación en salud. Argentina deja atrás un modelo que bloqueaba la innovación y se alinea con el mundo para atraer inversión, acelerar el acceso a nuevas terapias y garantizar reglas claras”, concluyó el ministerio de Desregulación.