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SUSCRIBITELa decisión, que expiraba esta semana, fue prorrogada por doce meses y permitirá mantener el esquema de beneficios fiscales hasta fines de 2026.
El Gobierno prorrogó por un año el régimen de beneficios fiscales para las pymes.
El Gobierno de Javier Milei resolvió este lunes prorrogar el esquema de alivio impositivo destinado a pequeñas y medianas empresas, así como a micro empresas, cuyo vencimiento estaba previsto para este miércoles. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 923/2025, difundido en el Boletín Oficial.
La decisión cuenta con la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa amplía la vigencia del beneficio por un período adicional de doce meses, hasta el 31 de diciembre de 2026.
De ese modo, las empresas alcanzadas podrán seguir imputando una porción del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios y otras operaciones como crédito a cuenta de las contribuciones patronales correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La Ley de Competitividad N° 25.413 dispone en su primer artículo la creación de un tributo que grava los créditos y débitos realizados en cuentas bancarias, alcanzando a múltiples transacciones del sistema financiero.
A su vez, el artículo 4° de esa norma habilita al Poder Ejecutivo a autorizar que dicho impuesto, de manera parcial o íntegra, pueda imputarse como adelanto o compensación de otros impuestos y aportes vinculados a las cargas laborales, con la salvedad de los fondos destinados al régimen nacional de obras sociales.
El 28 de julio de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, se puso en marcha un mecanismo que habilitaba a las microempresas a descontar hasta el 30% de ese tributo como crédito fiscal aplicable a un máximo del 15% de las cargas patronales.
En su diseño original, la medida alcanzaba solo a los salarios generados hasta el 31 de diciembre de 2024. Más adelante, mediante el decreto 1137/2024, su aplicación fue prolongada hasta fines de 2025. Con la última decisión oficial, la administración libertaria resolvió ampliar el alcance del beneficio por un año adicional.
El propósito de la medida es reducir la presión impositiva que afrontan las microempresas y favorecer su continuidad operativa y desarrollo. La adhesión es voluntaria y funciona como un complemento del régimen vigente que permite aplicar el impuesto como crédito imputable al Impuesto a las Ganancias.
Para hacer uso de este régimen, los empleadores debían figurar debidamente identificados bajo la categoría “272 - Micro Empresas Ley 25.300”. Al completar la declaración jurada mediante el sistema “Declaración en línea”, el sistema exhibía los montos correspondientes a las contribuciones SIPA y a las no SIPA.
En esa instancia, era necesario consignar el importe del impuesto a los débitos y créditos que se deseaba imputar, respetando el tope del 15% del monto a pagar por contribuciones SIPA y sin exceder el 30% del total abonado por dicho impuesto.
Más allá de estar registrado como micropyme, también se requería que la cuenta bancaria en la que se acreditaba el impuesto a los débitos y créditos estuviera titulada a nombre del empleador.
El importe resultante de la declaración jurada correspondiente a aportes y contribuciones debía cancelarse a través de un pago electrónico, mediante la emisión del Volante Electrónico de Pago (VEP).
En caso de ser necesario efectuar presentaciones rectificativas, estas debían comprender la totalidad del personal declarado en el período alcanzado por el régimen.
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