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SUSCRIBITELa medida, tomada antes de se revirtiera el veto, seguirá vigente durante la auditoría, mientras que el destino de las pensiones ya dadas de baja es incierto.
El Gobierno suspendió las bajas de las pensiones mientras dure la auditoría en ANDIS.
El Gobierno resolvió suspender temporalmente cualquier avance en la auditoría de todas las pensiones por discapacidad vigentes en el país, mientras se desarrolla una auditoría en la ANDIS, el organismo responsable de dicha revisión. Esto ocurre luego de que se difundieran audios del entonces director, Diego Spagnuolo.
En dichas grabaciones, el exfuncionario admitía la existencia de una presunta maniobra corrupta en la compra de medicamentos. La medida fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones semanales en la Casa Rosada para informar al asesor presidencial, Santiago Caputo, sobre el estado del proceso de reorganización del organismo.
Hasta la fecha, la agencia ha dado de baja a 128.667 beneficiarios, detectados durante la gestión del desplazado abogado por haber ingresado al sistema con diversas irregularidades.
De ese total, 110.522 corresponden a pensiones otorgadas de manera incorrecta por distintos motivos —como la presentación repetida de la misma radiografía, ecocardiograma o medición de presión—; 8.107 fueron asignadas a personas fallecidas; y las 10.038 restantes se destinaban a ciudadanos que renunciaron al beneficio.
Según informó meses atrás el vocero Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, se trata de un proceso gradual que contempla más de un millón de casos en revisión.
No obstante, tras la difusión de los audios en los que Spagnuolo reconocía la existencia de sobreprecios en la adquisición de medicamentos, se decidió no solo suspender la auditoría en curso, sino también revisar de nuevo las más de 120.000 bajas ya realizadas.
El Gobierno nacional intervino la ANDIS e inició una investigación interna sobre toda la gestión llevada adelante durante la administración del abogado, con el propósito de identificar posibles irregularidades.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, detalló una fuente cercana al ministro Lugones.
Durante la vigencia de este proceso de revisión, no se emitirán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que actualmente perciben la pensión por invalidez laboral.
Tras la difusión de la noticia, desde el Gobierno nacional precisaron que “técnicamente el procedimiento de baja o altas de pensiones no se pausó”, dado que la ANDIS sigue operando, aunque cualquier decisión futura se basará en los resultados de la auditoría.
Por el momento, tampoco se pondrá en marcha la propuesta de reorganizar administrativamente la ANDIS —un organismo descentralizado— como una dependencia interna del Ministerio de Salud, medida que había sido evaluada recientemente con el objetivo de transparentar los procesos de licitación.
Al gozar de esa autonomía, la institución podía administrar su presupuesto y realizar adquisiciones y contrataciones sin necesidad de la supervisión directa del ministerio a cargo de Lugones: “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, señalaron en aquel momento las fuentes consultadas.
Uno de los principales obstáculos para reestructurar la agencia y convertirla en una dependencia más del Ministerio de Salud era que el Gobierno ya no posee las facultades administrativas delegadas que existían bajo la Ley de Bases, por lo que cualquier cambio debería ser aprobado por el Congreso.
Este jueves, en el Senado, la oposición logró revertir un veto reciente del Poder Ejecutivo —algo que no ocurría en más de dos décadas— y reafirmó el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad.
La legislación que volvió a aprobarse establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse un año más. Asimismo, la ley modifica las pensiones no contributivas y actualiza los aranceles y compensaciones económicas, entre otros puntos.
La aprobación se logró con amplia mayoría, alcanzando los dos tercios requeridos, con 63 votos a favor provenientes del kirchnerismo, pero también de varios legisladores radicales, macristas y bloques provinciales, frente a solo siete sufragios en contra.
Por su parte, el presidente Javier Milei sostiene que la medida impacta de manera significativa en las finanzas públicas y tiene la intención de recurrir a la vía judicial para impedir la implementación de los aumentos previstos.
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