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SUSCRIBITEPiden la habilitación para tomar deuda externa y ajustar las cláusulas ocultas que regulan su financiamiento en cajas jubilatorias, junto con otros reclamos.
Los gobernadores le pasaron al Gobierno una lista con los pedidos de cambios en el proyecto de Presupuesto 2026.
Tras imponerse en las elecciones legislativas y ante la presión de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional para lograr acuerdos más amplios, el Ejecutivo intenta recomponer su relación con los gobernadores. El primer desafío en esa nueva etapa será la discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso, prevista para las sesiones extraordinarias.
Aunque el oficialismo modificó quién dialoga con las provincias al designar a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, las demandas de los líderes provinciales sobre el proyecto enviado en septiembre a la Cámara de Diputados siguen casi intactas. Sin embargo, el titular de Economía, Luis Caputo, ya comenzó a destrabar algunas de esas cuestiones.
El responsable de Economía busca asumir un papel más activo en las conversaciones políticas con las administraciones provinciales. Un indicio claro fue su presencia el martes en una reunión en Casa Rosada, donde, junto a Diego Santilli, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definieron el rumbo que seguirá el oficialismo en el Congreso. “Vamos a evaluar nuestra estrategia legislativa”, adelantó uno de los participantes antes del encuentro.
Si bien en el Ministerio de Economía continúan afinando los cambios al proyecto, la intención no es conceder demasiado ante los pedidos de los mandatarios provinciales. O al menos no en todos los casos: tendrán mayor peso las demandas de los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén, que cuentan con representación propia en alguno de los dos cuerpos legislativos.
En los primeros días de su desembarco en la Casa Rosada, Santilli recibió de parte de un legislador un informe que reunía todas las demandas que los mandatarios provinciales plantearon en relación al Presupuesto 2026. Ese listado podría sintetizarse en siete ejes centrales.
El punto más relevante tiene que ver con las autorizaciones del Gobierno Nacional para que las provincias accedan a créditos externos. Y, según remarcan, Caputo no debería oponer objeciones, ya que esa habilitación no implica gastos para las arcas federales.
No obstante, el punto más delicado está vinculado a los regímenes jubilatorios provinciales. En la propuesta del Ejecutivo se estableció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) giraría $122.762.664.874 a esas jurisdicciones. Pero el texto incluía una condición clave: únicamente podrían solicitar adelantos aquellas provincias cuyo desequilibrio previsional hubiera sido certificado —de manera parcial o definitiva— mediante un convenio firmado con la ANSES, correspondiente al ejercicio 2021 en adelante.
Además de solicitar que se eleve la suma total prevista para los giros nacionales, los gobiernos provinciales exigían modificar los requisitos para poder acceder a esos fondos.
A esto se sumaba otro reclamo ligado a las alteraciones previstas en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La iniciativa oficial planteaba revertir la extensión del esquema de “zonas frías”, implementado en 2021, lo que dejaría afuera a más de tres millones de familias que en los últimos años recibieron rebajas en sus boletas. La medida golpeaba con mayor fuerza a los consumidores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, regiones donde los inviernos más suaves habían permitido que el universo de hogares alcanzados creciera de manera considerable.
Además de reclamar la reanudación de los proyectos de infraestructura financiados por el Estado, los mandatarios provinciales dirigieron su atención hacia cómo se reparten los Aportes del Tesoro Nacional y los fondos provenientes del tributo aplicado a los combustibles líquidos.
En relación con estos dos temas, los gobernadores impulsaron y consiguieron la aprobación de una norma en el Congreso, que finalmente fue anulada mediante un veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el reparto de ese gravamen podría transformarse en una ficha de negociación ante la intención del ministro de Economía de reformular el impuesto a las Ganancias, propuesta que incluye elevar los montos de las deducciones.
Orrego y Llaryora participaron de un encuentro con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.
“Los gobernadores pedían que se distribuya el 1,9% de la recaudación nacional de impuestos que se queda la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”, señaló una voz del ámbito legislativo.
Ese margen de recursos es el que administra el titular del organismo, Juan Pazo, para sostener su funcionamiento interno, el cual ya opera con excedentes. Ese superávit no surgió de un ajuste reciente dentro de ARCA, sino que es una situación previa que se mantiene desde hace tiempo.
Aunque en la Casa Rosada insisten en que los ajustes —incluidos aquellos en los que el Gobierno estaría dispuesto a hacer concesiones— siguen siendo responsabilidad del Ministerio de Economía, algunas definiciones ya muestran movimientos. Entre ellas aparece la incorporación del entendimiento alcanzado ante la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables destinados a la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026
Días atrás, el ministro Luis Caputo se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para avanzar en una salida al reclamo pendiente por la Coparticipación que la administración nacional aún adeuda a CABA. Según trascendió, la conversación dejó un saldo favorable para ambas partes.
“El Gobierno porteño pide que la Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”, destacaron. Y agregaron: “Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para asegurar su continuidad y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal”.
Otro gesto de Caputo hacia los distritos provinciales fue la reducción de las retenciones aplicadas al petróleo, un punto que terminó de definirse junto al mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Tal como había anticipado Infobae, ambos mantuvieron el martes un encuentro en el quinto piso del Ministerio de Economía, donde dejaron asentado en un acta el acuerdo para revisar el esquema vigente de derechos de exportación del petróleo convencional.
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