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SUSCRIBITEAunque la Ley de Inocencia Fiscal aún no fue promulgada, Luis Caputo dijo que el Nación ya habilita el ingreso de dólares y pidió no poner trabas.
Luis Caputo les reclamó a los bancos que acepten desde hoy los dólares del colchón.
El Poder Ejecutivo intenta incentivar que los argentinos vuelquen al circuito legal los dólares que mantienen fuera del sistema financiero. En esa línea se inscribe la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada por el Senado el viernes pasado.
Aunque la norma aún no fue promulgada ni cuenta con reglamentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a las entidades bancarias que no impongan requisitos adicionales a quienes decidan blanquear sus ahorros en moneda extranjera.
“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, remarcó Caputo a través de su cuenta en X.
El funcionario subrayó que en esa entidad financiera los ahorristas podrán ingresar sus dólares y utilizarlos sin demoras, ya sea para realizar gastos o para mantenerlos depositados generando rendimientos, “como en cualquier lugar del mundo”.
Las afirmaciones del titular del Palacio de Hacienda encontraron respaldo en un exintegrante del equipo económico. Se trata de Juan Pazo, exdirector de ARCA, quien participó en la elaboración de la iniciativa orientada a promover la incorporación de los dólares guardados fuera del sistema formal y que abandonó su función la semana pasada.
En diálogo con una emisora radial, Pazo sostuvo que las entidades bancarias no deben exigir a sus clientes trámites adicionales, más allá de la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias. Según precisó, antes de la aprobación de la norma ya había 20.000 contribuyentes inscriptos en ese esquema.
“Los ciudadanos tienen que saber que no hay ninguna obligación de presentar más documentación que la inscripción al régimen simplificado de Ganancias”, dijo el extitular de ARCA.
Por su parte, el Banco Nación destacó que, tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, la entidad se encuentra en condiciones de responder a las necesidades de sus clientes y de cualquier persona interesada. A través de su red de más de 700 sucursales en todo el país y de sus plataformas digitales, aseguró estar lista para atender consultas y brindar las herramientas necesarias para que los ahorristas puedan acceder y utilizar sus fondos.
La Ley de Inocencia Fiscal establece la puesta en marcha de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, destinado a personas con una facturación anual inferior a los $1.000 millones y un nivel patrimonial que no supere los $10.000 millones, siempre que no se encuentren encuadradas como grandes contribuyentes.
Bajo esta modalidad, ARCA dejará de fiscalizar el nivel de consumo o los activos de cada contribuyente. El cálculo del tributo se realizará exclusivamente sobre la base de los ingresos declarados y las deducciones admitidas. Una vez abonado en tiempo y forma el monto determinado por el organismo, el contribuyente quedará exento de futuras observaciones o ajustes vinculados al Impuesto a las Ganancias.
Asimismo, la adhesión al esquema permitirá realizar adquisiciones de alto valor —como vehículos, propiedades u otras operaciones de envergadura— sin que esas transacciones sean objeto de seguimiento por parte de ARCA. En ese marco, tampoco recaerá sobre bancos, concesionarios, escribanos ni emisoras de tarjetas de crédito la obligación de reportar dichos movimientos.
En paralelo, la Ley de Inocencia Fiscal incorpora modificaciones al Régimen Penal Tributario. Entre los cambios centrales, se encuentra la actualización de los umbrales económicos a partir de los cuales se configuran los delitos impositivos. A modo de ejemplo, el monto mínimo para que se considere evasión simple pasará de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el umbral de la evasión agravada se elevará de $15 millones a $1.000 millones.
La norma suma un procedimiento que habilita la finalización de la persecución penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal y abona el capital adeudado junto con los intereses correspondientes antes de que se presente una acusación formal.
En aquellos casos en los que la causa ya esté en trámite, la instancia judicial podrá darse por concluida si se cancela la totalidad de la deuda y se adiciona un recargo del 50%, siempre que el pago se realice dentro de un plazo de 30 días. Este beneficio será de aplicación única, tanto para personas físicas como jurídicas.
Asimismo, el texto legal acorta los períodos de prescripción durante los cuales el Estado puede fiscalizar y exigir tributos impagos. El nuevo esquema establece plazos de tres, cinco o diez años, determinados en función del grado de cumplimiento demostrado por cada contribuyente.
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