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SUSCRIBITELa CGT y la CTA-T solicitaron un aumento de $512.000 para noviembre, mientras que la CTA-A reclamó $736.000. Por su parte, los empleadores propusieron $326.000.
No hubo acuerdo y el Gobierno se encamina a definir el aumento por decreto.
Con el salario mínimo congelado desde agosto, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil reanudó sus sesiones este miércoles. Según informaron colegas de TN, no se alcanzó un consenso entre representantes de empresarios y trabajadores.
A raíz de esto, el encuentro quedó en un cuarto intermedio y se prevé que el Ejecutivo intervenga nuevamente mediante un laudo para fijar el nuevo salario básico por decreto.
La reunión se desarrolló en un contexto caracterizado por las demandas de los sindicatos frente a la caída del poder de compra, el incremento de la tensión social y la postura reticente del sector privado.
La cita oficial se produjo tras seis meses sin encuentros, en un marco de deterioro salarial que, según los datos difundidos por las centrales gremiales, acumula una pérdida real superior al 30% desde la asunción de Javier Milei en la presidencia.
Este miércoles, la CGT solicitó que el salario mínimo alcance $512.000 y que suba a $553.000 en abril, coincidiendo con el planteo de la CTA de los Trabajadores. En cambio, la CTA Autónoma reclamó un piso más alto, de $736.000. Por su parte, los empleadores propusieron aumentar el básico de $322.000 a $326.000 para fin de año y a $349.000 en abril. Queda por definirse la postura que adoptará el Gobierno.
La CTA-A recordó que en abril las tres centrales coincidieron en fijar el mínimo en $644.000, con una actualización progresiva hasta $736.000 en noviembre, por lo que insistió en ajustes superiores a la inflación para alcanzar el valor de la Canasta Básica Total.
Como en los encuentros previos, si no se alcanza un consenso, será el Gobierno quien deba intervenir y fijar el nuevo salario mínimo mediante un decreto. Actualmente, el salario mínimo se mantiene en $322.200 desde agosto para quienes trabajan 48 horas semanales, mientras que para los empleados jornalizados el piso es de $1.610 por hora.
La actualización vigente desde hace cuatro meses no logró compensar la inflación acumulada, lo que agravó la pérdida del poder adquisitivo y dejó al salario básico por debajo del nivel registrado en 2001, según estimaciones de los sindicatos. También se posiciona como el salario más bajo de la región al compararse en dólares.
Esta demora afecta de manera directa a las prestaciones sociales que se calculan tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Al mismo tiempo, los sindicatos alertan que los programas de empleo y asistencia social se encuentran paralizados y que cualquier cambio en la movilidad contemplada en el Presupuesto 2026 podría agravar aún más la situación.
Además, el salario mínimo funciona como referencia para los trabajadores informales, por lo que sus efectos se extienden mucho más allá del sector formal.
Previo a la convocatoria para retomar las negociaciones, ambas centrales de la CTA remitieron una nota oficial al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que exigieron que se utilice una canasta “objetiva” como referencia para determinar el salario mínimo.
Además, cuestionaron la persistencia de las reuniones virtuales, instauradas durante la pandemia, ya que estiman que reducen la transparencia y dificultan la interacción fluida entre representantes de los trabajadores y del sector empresario.
Los líderes más destacados del sector de la economía popular sostienen que el salario mínimo vigente ha dejado insostenible la vida diaria de quienes trabajan de manera informal, participan en cooperativas o mantienen centros de cuidado y comedores comunitarios. En este contexto, el Salario Social Complementario, que actualmente se mantiene en $78.000, es considerado un ingreso “diluido” frente a la escalada de los precios.
Por esta razón, mientras el Consejo debatía, gremios, agrupaciones piqueteras y entidades de la economía popular se concentraron frente a la Secretaría de Trabajo. La UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial lideraron la manifestación desde las 11, reclamando que el salario mínimo alcance el valor de la Canasta Básica Total, que el INDEC estima en más de $1,2 millones para un hogar con dos adultos y dos hijos.
Además del ajuste salarial, las organizaciones exigen que el Gobierno otorgue un bono de fin de año y actualice los programas sociales. Advierten que las políticas vigentes han debilitado el tejido social y anticipan que diciembre estará marcado por nuevas protestas, asambleas y movilizaciones en todo el país.
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