¿Qué provincias avanzaron con políticas contra el bullying? Multas y quita de becas
Chaco, Misiones, Salta, Tierra del Fuego, San Luis y otras provincias ya tienen leyes y programas contra el bullying. Ahora Mendoza y San Luis suben la vara.
La Federación Gaucha Jujeña rechazó el bullying y ciberbullying
Contra el bullying - El pasado mes de noviembre, la Legislatura de Mendoza convirtió en ley la norma que establece sanciones para padres o tutores cuando sus hijos incurran en situaciones de acoso escolar.
En Argentina, el bullying dejó de ser solo un problema “entre chicos” para convertirse en un tema de política pública. A la Ley nacional 26.892 de convivencia escolar, 2013, que fija un piso común para todas las jurisdicciones, se suman cada vez más normas y programas provinciales específicos para prevenir, detectar y sancionar el acoso escolar. Chaco, Misiones, Salta, Tierra del Fuego, San Luis, entre otras, fueron las primeras en mover el tablero con leyes propias, y ahora Mendoza y la propia San Luis avanzan con una vuelta de tuerca: multas para los padres y pérdida de beneficios económicos para alumnos que agredan a otros.
Las provincias que abrieron el camino contra el bullying
Varias provincias vienen trabajando el tema desde hace más de una década.
Chaco, por ejemplo, creó en 2011 el Programa Provincial de Detección, Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar (bullying) mediante la Ley 6897, una de las primeras normas del país en nombrar directamente el fenómeno y obligar a las escuelas a actuar.
Tierra del Fuego dio un paso similar en 2012 con la creación del Programa Provincial de Prevención del Acoso Escolar (Antibullying), en el ámbito del Ministerio de Educación, orientado a reducir todas las formas de violencia física y psicológica entre estudiantes.
En el noreste, Misiones aprobó el Plan Integral para el Abordaje, Prevención y Erradicación del Acoso contra niños, niñas y adolescentes (Ley VI N.º 250), que incorpora contenidos sobre acoso escolar de forma sistemática y transversal en el diseño curricular.
En el NOA, Salta sancionó la Ley 8406, que tiene como objeto “detectar, prevenir, sancionar y erradicar el bullying” como forma de hostigamiento, e incluye responsabilidades claras para docentes y autoridades escolares.
A su vez, San Luis cuenta desde 2013 con la Ley II-0858 de Prevención y Erradicación del Acoso Escolar “Bullying”, que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a una convivencia libre de violencia.
En paralelo, provincias como Mendoza venían trabajando con guías y protocolos de convivencia, y en 2025 el gobierno mendocino impulsó un enfoque integral que suma mediación, talleres de parentalidad y un fuerte mensaje de responsabilidad compartida entre escuela y familia. Este primer bloque de políticas marca un punto en común: el bullying ya no se considera un “conflicto menor”, sino una forma de violencia que exige intervención estatal, dispositivos específicos y líneas de acción sostenidas.
bullying
Contra el bullying - El pasado mes de noviembre, la Legislatura de Mendoza convirtió en ley la norma que establece sanciones para padres o tutores cuando sus hijos incurran en situaciones de acoso escolar.
La nueva etapa: multas a padres en Mendoza y quita de beneficios en San Luis
En los últimos meses, el debate provincial entró en una segunda fase. Además de trabajar en prevención, algunas jurisdicciones empiezan a ensayar sanciones económicas y consecuencias concretas para el entorno del agresor.
Mendoza con responsabilidad parental en la figura de bullying
El caso más resonante es el de Mendoza, donde la Legislatura aprobó en noviembre una reforma al Código Contravencional que incorpora la figura del bullying y establece responsabilidad parental. La nueva ley habilita a sancionar a padres, madres o tutores que, luego de ser notificados por la escuela, no acompañen ni intervengan para corregir la conducta de acoso de sus hijos. Las penas previstas combinan trabajo comunitario y multas que pueden ir, según versiones oficiales, de 1.500 a 3.000 unidades fijas, lo que se traduce en montos de hasta unos 2,1 millones de pesos, dependiendo del valor actualizado de la UF.
Funcionarios de Mendoza
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó el proyecto junto a la vicegobernadora, Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi
San Luis
En San Luis, el giro llega por otro lado en los últimos días de este 2025. El gobierno provincial decidió vincular el bullying con un histórico beneficio educativo. A través de un decreto reciente, se modificó el programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” para que, desde el ciclo lectivo 2026, los estudiantes que incurran en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia, incluido el ciberacoso, puedan perder parcial o totalmente el beneficio económico.
El programa permite acumular, entre primaria y secundaria, un ahorro que puede llegar a equivaler a unos 1.200 dólares al egreso; a partir del cambio, ese ahorro pasa a estar condicionado a demostrar “conducta basada en el respeto y la convivencia”.
Estos movimientos marcan una transición donde las provincias no solo reconocen el bullying como problema, sino que empiezan a trasladar parte de la responsabilidad al mundo adulto y al bolsillo. Mendoza pone el foco en los padres que miran para otro lado —con multas y tareas comunitarias—, mientras que San Luis envía un mensaje directo a los propios estudiantes: el acoso puede costarles un recurso económico pensado para su futuro educativo. El mapa argentino queda así dividido entre jurisdicciones que todavía discuten cómo nombrar el problema y otras que ya están dispuestas a que el bullying tenga consecuencias concretas dentro y fuera del aula.
Las provincias con leyes específicas antibullying y programas propios
Entre las provincias que más claramente nombran y regulan el bullying aparecen San Luis, Salta, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro. CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, no siempre hablan de “ley antibullying” en el título de la norma, pero sí tienen estructuras robustas de convivencia escolar que incluyen el acoso entre pares como eje central. En estos casos, la apuesta es más preventiva y pedagógica que punitiva. Acuerdos de convivencia, formación docente, protocolos de actuación y seguimiento de casos, con distintos grados de cumplimiento efectivo según la capacidad de cada sistema educativo.
Modelo de sanciones fuertes y corresponsabilidad familiar: en San Luis, el bullying ya puede implicar pérdida de un beneficio económico escolar; en Entre Ríos se habla de corresponsabilidad familiar; en Neuquén y Río Negro se discuten multas y sanciones para padres o tutores de agresores, además de protocolos obligatorios de denuncia y protección de la víctima.
Comisión de educación
Contra el bullying
La Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy llevó adelante una nueva reunión de trabajo en la que se analizaron las políticas prioritarias del sistema educativo para el año 2025
Jujuy y sus políticas anti bullying
1. La ley central: adhesión a la Ley Nacional 26.892
Ley 6.339 de Jujuy (15/12/2022), que establece la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.892, de “Promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”.
¿Qué implica esto en la práctica?
Jujuy reconoce como propia la ley nacional que fija lineamientos para prevenir la violencia, el maltrato entre pares y el acoso escolar dentro de las escuelas.
Obliga al sistema educativo provincial a tener acuerdos de convivencia, equipos de orientación y protocolos de actuación ante situaciones de violencia, donde el bullying entra como una forma de conflictividad escolar a abordar.
El bullying está contemplado, pero como parte de un marco general de convivencia, no como una figura regulada en una ley provincial específica.
2. Protocolo de actuación y sanciones a las escuelas
A partir de esa adhesión, Jujuy avanzó más por la vía administrativa y protocolar que por nuevas leyes.
En 2025, el Ministerio de Educación presentó un “Protocolo de actuación ante situaciones complejas” que incluye:
bullying y ciberbullying,
adicciones,
violencia sexual,
conflictos graves entre estudiantes y hechos que involucren a personal de la escuela.
Cualquier miembro de la comunidad educativa (desde un portero hasta un directivo) que tome conocimiento de una situación de acoso o vulneración de derechos debe activar el protocolo y avisar a los organismos competentes.
Las instituciones que no apliquen el protocolo o minimicen / oculten casos pueden ser sancionadas, así como el personal que incurra en negligencia o encubrimiento.
