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SUSCRIBITEEl ministro de Trabajo, Julio Cordero, retomó un tema del Consejo de Mayo que el Gobierno busca impulsar tras las elecciones.
Cuáles son los dos puntos clave que empujan los empresarios y el Gobierno, pero resiste el sindicalismo.
A pocos días de las elecciones legislativas nacionales y en pleno desarrollo de la campaña electoral, el equipo económico volvió a poner sobre la mesa la reforma laboral que se debate en el Consejo de Mayo, un organismo que se reúne mensualmente y agrupa a representantes del sector empresarial, los sindicatos y el Gobierno.
La semana pasada, en el marco del 61° Coloquio de IDEA, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó algunos lineamientos sobre los cambios que se están analizando. Este miércoles, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, volvió a referirse a un concepto clave del capítulo laboral del Proyecto de Presupuesto 2026: los llamados “salarios dinámicos”.
¿Qué quiso decir Cordero con el concepto de “salarios dinámicos”? ¿Se discute realmente esta idea en el Consejo de Mayo? Durante su exposición en el 61° Coloquio de IDEA ante alrededor de 1.000 empresarios en Mar del Plata, el secretario de Trabajo explicó que el Gobierno está trabajando en un “enfoque innovador” que podría aplicarse sin necesidad de modificar la legislación vigente, aunque esta opción también está sobre la mesa.
Según detalló: “La meta es establecer criterios objetivos que permitan evaluar la eficiencia y desempeño de cada empleado, de manera que las remuneraciones reflejen directamente su productividad”.
Sin embargo, los especialistas en derecho laboral advierten que establecer parámetros de productividad dentro de los convenios colectivos de actividad resulta muy complejo, debido a la diversidad de tareas y condiciones. En el ámbito industrial, estos indicadores son más fáciles de medir, pero no sucede lo mismo en trabajos administrativos, servicios o comercio.
Sería más viable implementar esta modalidad en convenios por empresa, aunque todavía no es una práctica extendida. Por ejemplo, en la industria automotriz, los convenios con Smata se aplican por empresa, pero este tipo de acuerdos no es la norma general.
Para avanzar hacia una descentralización mayor y fomentar que se multipliquen los convenios por empresa, sería necesario revisar un principio vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, conocido como prelación. Este mecanismo establece qué normativa laboral prevalece en caso de conflicto, garantizando que siempre se aplique la más beneficiosa para el trabajador, en línea con los principios de protección y progresividad que caracterizan al derecho laboral argentino.
En la práctica, esto significa que, bajo las reglas actuales, un convenio individual por empresa no puede ofrecer condiciones inferiores a las de un convenio colectivo. Sin embargo, tanto empresarios como representantes del Gobierno buscan modificar este esquema, con el objetivo de poder incorporar en los convenios empresariales criterios ligados a la productividad.
Según una fuente vinculada a las negociaciones: “Quieren instalar que los convenios por empresa no necesariamente tengan que ser superadores. Si hay muchos convenios por empresa, podrías instalar el tema de la productividad y que sean salarios dinámicos. Pero esto es una negociación con el sindicato y va a ser difícil que sea aceptado”.
Por el momento, desde la CGT, Gerardo Martínez, titular de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), adoptó hoy una postura firme frente al proyecto de reforma laboral, al que tuvieron acceso todos los involucrados.
“La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, sostuvo Martínez en lo que puede considerarse una especie de carta abierta para dejar clara la posición de la central sindical. Además, destacó que durante los encuentros del Consejo de Mayo, la CGT manifestó un rechazo rotundo y categórico.
Por su parte, durante su presentación en IDEA, Julio Cordero mencionó el principio de prelación, aunque sin entrar en detalles extensos. Señaló que existen dos enfoques legales para los convenios: uno propone que el acuerdo por empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad, mientras que el otro, vigente actualmente, otorga supremacía al convenio colectivo de actividad, permitiendo al acuerdo empresarial únicamente mejorar las condiciones preexistentes.
“Es cierto, los convenios colectivos tienen una duración muy extensa. Ambos modelos son administrables y responden a postulados legales diferentes”, aclaró.
Al hablar sobre una eventual actualización de los convenios colectivos, el secretario indicó que todas las cuestiones vinculadas al trabajo formarán parte de las próximas conversaciones sobre modernización o reforma del ámbito laboral: “No habrá asunto laboral que quede fuera del debate y la negociación”, aseguró.
En el contexto laboral, la ultractividad se refiere al principio que permite que un convenio colectivo de trabajo permanezca vigente incluso tras su fecha de vencimiento, hasta que se firme un nuevo acuerdo que lo sustituya.
El objetivo que persigue el Gobierno, respaldado por varios empresarios, es eliminar la ultractividad, lo que permitiría revisar y negociar las cláusulas obligacionales de los convenios, es decir, aquellas que regulan la relación entre la empresa y el sindicato, sin que esto afecte directamente los derechos adquiridos de los trabajadores. Entre estas normas se incluyen, por ejemplo, aportes para servicios funerarios, capacitación y otros beneficios destinados al gremio.
“Si dejás de lado la ultractividad y hacés acuerdos privados, vas a generar negociaciones más dinámicas, más activas, más relacionadas con la productividad que hoy no lo hacés, y a eso se refería Cordero”, señaló una fuente cercana al proceso.
Otro aspecto que el Ejecutivo busca promover en la reforma es la voluntariedad de las contribuciones al sindicato. Según el proyecto, todos los aportes deberán contar con el consentimiento explícito de cada trabajador. Esta medida ya había sido propuesta en la reforma laboral que fue judicializada, pero ahora el oficialismo pretende retomar y consolidar esta idea.
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