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SUSCRIBITEEl nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige en el país y fija cambios en el tratamiento judicial de adolescentes que cometen delitos
Promulgan el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años en Argentina
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y fija la edad de imputabilidad desde los 14 años. La medida surge tras la aprobación del proyecto en el Senado y se oficializa mediante el decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La ley establece un sistema especial para jóvenes que cometen delitos. El objetivo apunta a combinar sanciones con medidas educativas y de reinserción social.
La Cámara de Senadores aprobó la iniciativa con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Con esa votación, el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La norma crea un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. En ese marco, la Justicia puede investigar delitos y aplicar sanciones de acuerdo con la edad del menor y las características del hecho.
El texto legal fija que las medidas judiciales deben priorizar la educación, la formación y la reintegración del joven dentro de la sociedad.
La legislación indica que las sanciones buscan generar responsabilidad en el adolescente por el delito cometido y reducir el riesgo de reincidencia.
El régimen descarta penas perpetuas o indefinidas para menores de edad. También impide la generación de antecedentes penales permanentes.
La privación de la libertad aparece como un recurso excepcional. Los jueces deben recurrir a esta medida solo cuando otras alternativas no resultan suficientes dentro del proceso judicial.
La ley fija requisitos específicos para el alojamiento de adolescentes detenidos. El encierro debe realizarse en espacios preparados especialmente para menores.
El texto legal también establece que los jóvenes no pueden compartir lugares de detención con personas mayores de edad. Además, el personal a cargo debe contar con formación para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.
La normativa exige que las decisiones judiciales que impliquen restricción de libertad cuenten con fundamentos claros y con la verificación de riesgos procesales.
El nuevo régimen también fija criterios para los menores que no alcanzan la edad de imputabilidad.
En estos casos, la Justicia puede intervenir para investigar el hecho ocurrido y determinar medidas de protección o tratamiento. Estas acciones quedan bajo la órbita de la justicia civil.
El objetivo de estas intervenciones apunta a proteger al menor y abordar la situación social o familiar que rodea el hecho investigado.
La Ley 27.801 reconoce de manera explícita los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
Las personas afectadas por delitos cometidos por adolescentes tienen derecho a recibir información sobre el avance de la causa, participar en el proceso y solicitar medidas de protección.
La normativa también habilita mecanismos de reparación cuando se producen daños. En esos casos, los padres o responsables legales del adolescente pueden responder económicamente según lo determine la sentencia judicial.
Además, la ley contempla instancias de mediación o conciliación cuando el tipo de delito lo permite y cuando la víctima presta su consentimiento de manera libre e informada.
Otro punto que establece la normativa se vincula con la formación de los operadores judiciales.
El nuevo régimen exige que jueces, fiscales y defensores cuenten con especialización en materia penal juvenil. La medida busca garantizar un abordaje adecuado de los casos que involucran a adolescentes.
La legislación también plantea la necesidad de agilizar los procesos judiciales cuando un menor permanece detenido, con el objetivo de evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas.
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