En medio de la polémica y el revuelo que causó el fallo judicial que autorizó el uso de dióxido de cloro como tratamiento para un paciente con covid-19 - que finalmente murió - la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recordó a la comunidad que no se aconseja consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) y un grupo de más de 40 sociedades científicas repudiaron su uso y la decisión de la Justicia.

La Anmat, al igual que en un comunicado emitido en agosto del año pasado, recordó ahora que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de covid-19 u otras enfermedades no cuenta con estudios científicos que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso. Además, señalaron en un comunicado, su uso podría ocasionar graves efectos adversos.

"En consonancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió un documento sobre la posibilidad de efectos adversos que podría causar la ingesta del producto en cuestión. Por ello, se recuerda a la población no utilizar productos no autorizados, ya que se encuentran fuera de lo establecido en la normativa vigente”, finalizó la Anmat.

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El comunicado de Anmat.

El comunicado de Anmat.

La polémica se desató luego de que el juez en lo civil de Buenos Aires Javier Pico Terreno hiciera lugar al amparo presentado por la familia de un hombre internado en el Sanatorio Otamendi y Miroli con un cuadro grave de covid-19. El fallo ordenaba a la clínica administrarle al paciente dióxido de cloro, indicado por su neurocirujano particular. La clínica apeló la medida pero tuvo que realizar la práctica aunque aclarando que lo haría fuera de su responsabilidad. El hombre de 92 años falleció este lunes.

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Con respecto al caso, el jefe de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, explicó al portal Infobae: “Me parece muy preocupante que un juez pueda creer que tiene la autoridad para ordenar la administración de una sustancia que no es un medicamento, no solo en la Argentina sino en ninguna parte del mundo, y que indique la forma en que hay que suministrarlo".

En el mismo sentido, agregó: "Es realmente peligroso que la Justicia se arrogue este tipo de autoridad, porque no es que ordenó aplicar un medicamento que se usa en algún lado y que en un sanatorio no querían aplicarlo. Ordenó usar como medicamento algo que no es un medicamento en ninguna parte del mundo. Es peligroso”.

“Creo que los médicos tienen que mantener su posición de la medicina basada en la evidencia. Creo que únicamente el accionar de la ciencia es lo que a nosotros nos respalda y nos da la certeza de que yo prefiero no tener un medicamento a que se utilice cualquier cosa con riesgo para la salud. Cuando un medicamento pasó por todas las etapas de investigación y se pone a disposición, es la única manera de hacer una medicina segura basada en evidencia”, señaló Damin.

En igual sentido, el toxicólogo Sergio Saracco dijo a la agencia Télam: "Se puede hablar de un accionar temerario por parte del profesional médico, que prescribió una sustancia química que no demostró ningún beneficio" y agregó que el médico tampoco cumplió con otro requisito básico de cualquier medicamento, que es la "seguridad" por eso "no está autorizada para uso en humanos".

Además de la Anmat, Damin, Saracco y otros tantos toxicólogos, un comunicado de 45 sociedades y asociaciones científicas repudió la decisión del juez y del médico que indicó la medicación, rechazando la medida cautelar que “obliga al equipo terapéutico a utilizar substancias no aprobadas por el ente regulador y formalmente contraindicadas por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables”. Se trata, agrega el comunicado, de "una substancia que, tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud se habían manifestado contraindicando su aplicación, no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad”.

dioxido decloro

“La justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales - señala el texto que firmaron las asociaciones científicas de la Argentina-. Las autoridades competentes (ministerios de salud, secretarías de salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales, otras) deben dar seguridad y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la evidencia científica y frenen la judicialización sin fundamentos científicos”.

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