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SUSCRIBITELa Justicia desestimó el pedido de las defensas y avaló el rol activo de la Aduana en una investigación por tráfico de drogas y asociación ilícita.
La Aduana seguirá como querellante en una megacausa por narcotráfico internacional - Imagen ilustrativa
La Justicia federal ratificó que la Dirección General de Aduanas (DGA) puede intervenir como querellante en una de las causas por narcotráfico más relevantes de los últimos años. La definición llegó tras un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que desestimó un planteo presentado por las defensas de los imputados.
La resolución confirmó que el organismo aduanero tiene legitimación para actuar de manera activa en el expediente, pese a que los delitos investigados se encuadran en la Ley de Drogas. Para los jueces, el impacto directo sobre los controles fronterizos y el comercio exterior habilita su participación.
El fallo llevó las firmas de los camaristas Roberto Hornos y Roberto Boico, integrantes de la Sala B, quienes cerraron el intento de apartar a la Aduana del proceso y fortalecieron el frente acusador de cara a la etapa de juicio oral.
La investigación se inició el 9 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ese día, agentes aduaneros detectaron irregularidades en el equipaje de dos pasajeros que arribaron desde Francia por la Terminal A.
Durante la inspección, el personal encontró un doble fondo en las valijas que ocultaba 13,811 kilos de metanfetamina, conocida como éxtasis. El hallazgo derivó en un operativo inmediato y dio inicio a una pesquisa de mayor alcance.
A partir de ese decomiso, la Justicia logró reconstruir una trama criminal más amplia, con ramificaciones internacionales y una operatoria sostenida en el tiempo, en la que los controles aduaneros resultaron un punto clave.
Según consta en la causa, el hecho detectado en Ezeiza fue solo una parte de un esquema delictivo que funcionaba al menos desde 2016. La investigación judicial describió una organización con estructura estable, reparto de tareas y capacidad logística para operar entre Europa y América del Sur.
La hipótesis central sostiene que la banda desarrollaba un circuito mixto de tráfico de drogas. Por un lado, ingresaba MDMA desde países europeos como Francia, España, Bélgica y los Países Bajos hacia Argentina y Paraguay para la elaboración de pastillas.
En paralelo, obtenía clorhidrato de cocaína en Sudamérica para enviarlo de forma clandestina al continente europeo. Además, los investigadores detectaron maniobras vinculadas a la distribución de ketamina que habría ingresado desde Paraguay.
Con varios imputados procesados y detenidos de manera preventiva, las defensas avanzaron con una estrategia para limitar la acusación. Presentaron una excepción de falta de acción con el objetivo de excluir a la Aduana como querellante.
El argumento central apuntó a que los delitos imputados protegen bienes jurídicos como la salud pública y el orden público, ajenos —según esa postura— a las funciones propias del organismo aduanero.
Desde esa óptica, sostuvieron que la DGA no podía considerarse una parte ofendida y, por lo tanto, no tenía derecho a impulsar la acción penal ni a participar activamente del proceso.
La Cámara rechazó esa interpretación y fue clara en su respuesta. Los jueces señalaron que los hechos investigados no pueden analizarse de forma aislada ni fragmentada.
En su voto, Roberto Hornos remarcó que, aunque no todos los imputados tengan una acusación directa por contrabando en esta etapa, la finalidad de la organización era eludir los controles aduaneros para mover drogas a través de las fronteras.
El tribunal concluyó que el funcionamiento de la banda afectó de manera concreta las facultades de control del Estado en materia de importaciones y exportaciones, lo que convierte a la Aduana en un particular ofendido según el Código Procesal Penal.
El fallo también revisó una situación puntual vinculada a una imputada identificada como T.M.C. En primera instancia, el planteo defensivo se había declarado abstracto porque la Aduana no la acusó formalmente al pedir la elevación a juicio.
La Cámara corrigió ese criterio y rechazó también la excepción en ese caso. Los jueces aclararon que la legitimación de la DGA no depende de a quién acuse en una etapa específica, sino del daño institucional generado por los hechos investigados.
Con esta decisión, la Aduana quedó plenamente habilitada para seguir aportando pruebas, impulsar medidas y recurrir resoluciones dentro del expediente.
Tras el fallo, la megacausa continúa su camino hacia el juicio oral con una acusación fortalecida. Además del Ministerio Público Fiscal, la querella aduanera tendrá un rol activo en la reconstrucción del funcionamiento de la red criminal.
La investigación apunta a demostrar cómo la organización logró vulnerar durante años los controles fronterizos argentinos y utilizar rutas aéreas y terrestres para el tráfico internacional de estupefacientes.
El caso se consolida como uno de los expedientes más complejos en materia de narcotráfico y crimen organizado tramitados en el fuero penal económico.
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