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SUSCRIBITEEn un contexto de baja vacunación infantil, Mendoza presentó las primeras 15 denuncias judiciales contra padres que no cumplieron el calendario obligatorio.
"Detectamos algunos médicos que falsifican los carnet de vacunación de los chicos"
“Ayer eran 10, hoy ya son 15 las denuncias en la justicia”, dijo el Ministro de Salud de Mendoza en Infobae en Vivo
Argentina atraviesa desde hace algunos años una baja histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente. Datos oficiales de 2024 muestran que vacunas clave del Calendario Nacional, como la IPV contra la polio (47,6% de cobertura) y la segunda dosis de la triple viral (46,7%), registran los niveles más bajos de la serie.
La Sociedad Argentina de Pediatría y la OPS advirtieron que esta caída abre la puerta a la reaparición de enfermedades que se consideraban controladas o eliminadas, como sarampión y poliomielitis. En 2025 ya se confirmaron 35 casos de sarampión en el país, y se emitió además una alerta por coqueluche (tos convulsa), con al menos siete menores de 2 años fallecidos.
En este contexto, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en denunciar ante la Justicia a padres que no vacunaron a sus hijos. El Ministerio de Salud provincial presentó las primeras 10 denuncias judiciales contra adultos responsables de niños y adolescentes que no completaron el calendario obligatorio, pese a las notificaciones y campañas de información.
Las actuaciones se tramitan en la Justicia Civil y alcanzan principalmente a chicos en edad de ingreso escolar que no recibieron dosis claves como la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) o vacunas contra polio y tos convulsa. La medida llega en medio de un rebrote de sarampión a nivel regional y de la muerte de bebés por coqueluche en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos.
La provincia aplica así lo que establece la Ley Nacional 27.491, que declara a las vacunas de interés nacional, las hace obligatorias y define a la vacunación como una estrategia de salud pública que prevalece sobre el interés individual.
Mendoza reglamentó este año un protocolo específico que indica qué hacer cuando se detecta que un menor no tiene completas sus vacunas. Primero, los equipos de salud registran el caso, informan a la familia y otorgan un plazo de 30 días para regularizar la situación en el centro de salud o la escuela.
Si pasado ese tiempo el esquema sigue incompleto y no hay justificación médica, el Ministerio de Salud deriva el caso a la Justicia Civil, que puede ordenar la vacunación y aplicar sanciones contempladas en el Código Contravencional provincial: multas que, según las disposiciones vigentes, pueden llegar a montos equivalentes a miles de dólares, trabajos comunitarios o hasta cinco días de arresto.
Desde el programa provincial de Inmunizaciones insisten en que el objetivo principal no es castigar, sino garantizar que los chicos reciban las dosis obligatorias. Las vacunas del calendario son gratuitas en todo el país y están disponibles durante todo el año en hospitales y centros de salud públicos.
La decisión de Mendoza abre un debate nacional sobre hasta dónde puede llegar el Estado para asegurar la vacunación. Para las autoridades sanitarias y sociedades científicas, se trata de proteger el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y de sostener la inmunidad colectiva, que requiere coberturas superiores al 95% para evitar brotes de enfermedades como sarampión o coqueluche.
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