Sospechan de una millonaria estafa piramidal en Tucumán: hay denuncias por más de $500 millones

Un nuevo expediente judicial por una supuesta maniobra de estafa piramidal generó movimientos en los tribunales. Por ahora, la Justicia evalúa los reclamos de 15 personas que afirman haber sido perjudicadas económicamente por un monto superior a los $536 millones, aunque se presume que la cantidad de afectados podría superar el centenar.

Los damnificados señalaron a Franco David Alderete, de 35 años, como el titular de la empresa Lebron Group SAS, una firma que captaba fondos de inversores bajo la promesa de otorgar rendimientos mensuales durante un plazo previamente establecido. Según los testimonios, los períodos de inversión contemplados iban desde un mínimo de seis meses hasta un máximo de un año.

El mecanismo utilizado habría consistido en que los inversores aportaban dinero a cambio de una rentabilidad mensual que comenzaba en torno al 7,5% y podía aumentar en aquellos casos en los que los montos colocados superaban los $20 millones. Además, la empresa también recibía inversiones en dólares, aunque para esas operaciones el retorno prometido era menor y no excedía el 3,4%.

Según consta en la causa judicial, las primeras dificultades aparecieron hacia mediados de 2023. Los inversores que llevaban más tiempo dentro del esquema comenzaron a advertir demoras en la recepción de los pagos, mientras que los nuevos participantes lograban cobrar durante los primeros dos meses, para luego enfrentar también incumplimientos.

Las primeras denuncias que tomaron estado público se conocieron hacia finales de 2025. En un comienzo, los ahorristas expusieron sus reclamos a través de las redes sociales, situación ante la cual Alderete respondió impulsando acciones judiciales por supuestos hechos de difamación.

Hacia finales del año pasado, el fiscal Fernando Blanno empezó a recibir las primeras presentaciones judiciales relacionadas con el caso. Una de ellas fue realizada por una tía del acusado —hermana de su madre—, quien acudió a la Justicia para exigir la restitución del dinero que había aportado.

De acuerdo con la información que trascendió, el hijo de la denunciante y primo de Alderete habría integrado inicialmente la sociedad encargada de llevar adelante esta operatoria.

Hasta mediados de junio, eran seis los damnificados que habían radicado denuncias formales. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que actualmente ese número aumentó a 15 personas. En conjunto, los inversores reclaman una suma superior a los $432 millones y US$69.300.

“Seguimos recibiendo denuncias y ya citamos a damnificados incluso para después de la feria judicial, con el objetivo de que ratifiquen sus presentaciones”, señaló una fuente vinculada a los tribunales.

“Nadie puede afirmar con certeza hasta dónde llegará este caso. Sí puedo decir que muchas personas me consultan, pero todavía no denuncian porque mantienen la esperanza de recuperar su dinero. Sin embargo, todos sabemos que eso parece muy difícil”, manifestó Juan Pablo Bello, representante legal de uno de los denunciantes.

Medios de Santiago del Estero señalaron que Alderete habría llevado adelante una operatoria similar en esa provincia. De acuerdo con algunas estimaciones, el daño económico ocasionado podría ascender a los $1.000 millones, aunque por el momento no existe información oficial sobre la apertura de una causa judicial en su contra en ese territorio. Una situación de características parecidas también se habría registrado en Catamarca.

Diferencias

Este supuesto mecanismo guarda semejanzas con otros episodios de estafas piramidales investigados durante los últimos años. Los inversores habrían sido convocados mediante anuncios difundidos en redes sociales y a través de referencias de personas que ya participaban del sistema. Alderete, oriundo de Lules, se presentaba como un empresario próspero, exhibiendo un estilo de vida ostentoso y viajes habituales fuera del país.

Una de las cuestiones que más llamó la atención de los investigadores fue la modalidad empleada para atraer a los aportantes. Según relataron quienes realizaron las denuncias, se les indicaba que los fondos serían utilizados para adquirir suplementos alimenticios y equipos tecnológicos con el objetivo de importarlos al país.

De acuerdo con esa explicación, una vez que los cargamentos arribaran, fueran aprobados por los organismos de control aduanero y los productos fueran vendidos en el mercado, los inversores accederían a los beneficios económicos que les habían ofrecido.

Los investigadores creen que los aportes de dinero ingresaban mediante Lebron Group SAS. No obstante, autoridades del Registro Público de Tucumán indicaron que la compañía nunca llegó a ser registrada oficialmente, motivo por el cual analizan la posibilidad de que haya sido utilizada como una estructura ficticia para llevar adelante las operaciones.

La supuesta empresa tenía distintos puntos de atención ubicados en avenida Mitre 564, Buenos Aires 42 y 25 de Mayo 762, en San Miguel de Tucumán; además de una sede en avenida Aconquija al 500, en Yerba Buena, y otra en Belgrano 364, en Lules, donde se ofrecían suplementos alimentarios.

Además, los investigadores determinaron que también habría recurrido a distintas sociedades para gestionar movimientos de dinero, tanto ingresos como egresos. Entre ellas figuran Children SAS, relacionada con establecimientos de educación inicial; Total Finans SAS; y Grupo Lebron SRL. De acuerdo con lo que habría manifestado el propio Alderete, comenzó a utilizar esas empresas después de que ARCA suspendiera su CUIT durante 2025.

“Otra de las particularidades que descubrimos es que se trata de un esquema que se originó en Tucumán y luego se expandió hacia otras provincias de la región. Por eso es prematuro determinar cuál podría ser el perjuicio total”, explicó Juan Guerrero, abogado que representa a otros damnificados.

Declaración

Alderete acudió por iniciativa propia ante el fiscal Blanno con el objetivo de quedar a disposición de las autoridades judiciales. Según fuentes vinculadas al expediente, el acusado rechazó las acusaciones de haber llevado adelante una estafa piramidal y afirmó que busca llegar a entendimientos con las personas que lo denunciaron para reintegrar los fondos reclamados. Asimismo, entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que los especialistas realizaran los análisis correspondientes.

“Esto recién comienza. La investigación está avanzando y en las operaciones aparecen otras personas, aunque todavía no está claro cuál habría sido su rol”, detalló Guerrero.

Por su lado, Bello aportó: “junto con la fiscalía venimos recolectando evidencia que permite acreditar que el imputado engañó deliberadamente a las víctimas con el objetivo de apoderarse de su dinero. Entendemos que no se trató de un simple incumplimiento comercial o de un mal negocio, como suele alegarse en este tipo de casos, sino de una maniobra defraudatoria planificada”.