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SUSCRIBITEAttestor y Bainbridge, con sentencias firmes a favor, acordaron y frenan sus reclamos ante la jueza Loretta Preska mientras se cierra la conciliación.
La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que litigaban por el default de 2001.
La Argentina logró un acuerdo preliminar con los fondos demandantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos bonistas que aún sostenían litigios contra el Estado por la cesación de pagos de 2001. La novedad fue comunicada por las partes ante la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, de acuerdo con fuentes al tanto de las negociaciones.
El pacto comprende a los acreedores que ya contaban con fallos judiciales definitivos a su favor. Estos fondos impulsaban demandas por montos multimillonarios y promovían medidas de embargo contra bienes de la Nación.
El estudio jurídico que actúa en nombre del Estado nacional elevó una presentación ante el tribunal de Loretta Preska para comunicar que ambas partes “lograron un entendimiento preliminar con el objetivo de cerrar este litigio”.
“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, detalla el escrito.
El texto añade que las partes informarán en el momento correspondiente al juzgado sobre la evolución del entendimiento y cualquier eventual necesidad de reanudar las actuaciones judiciales.
La presentación elevada ante la jueza estadounidense —quien además interviene en la causa por la estatización de YPF— ratifica que existe un entendimiento entre las partes, aunque evita precisar las condiciones acordadas.
Tras este paso, los involucrados pidieron pausar el expediente judicial, lo que implica frenar también la solicitud impulsada por Bainbridge Fund el 17 de octubre de 2025, en la que se exigía la cesión de la tenencia estatal en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas mientras avanza la instancia de conciliación.
El letrado Dennis Hranitzky, que actúa en nombre de ambos fondos demandantes, ratificó que se alcanzó un principio de acuerdo.
“Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.
Bainbridge Fund integra el grupo de bonistas que rechazó el canje de la deuda en cesación de pagos y que, desde 2016, sostenía un enfrentamiento legal contra el Estado argentino. Los tribunales de Estados Unidos ya se habían pronunciado a su favor y le reconocieron un crédito de 95 millones de dólares, más los intereses correspondientes.
En tanto, Attestor Master Value, un fondo radicado en las Islas Caimán, litiga contra la Argentina desde 2014 para recuperar títulos de deuda soberana que compró tras su creación en 2012.
En términos precisos, las compañías involucradas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, detalló en su cuenta de X el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors.
Por otro lado, el escrito presentado ante la jueza Loretta Preska no hace referencia al planteo vinculado con la transferencia de acciones de YPF, impulsado con anterioridad por el fondo demandante.
El entendimiento alcanzado implica destrabar los pleitos más antiguos ligados al incumplimiento de deuda del país y allana el escenario para clausurar uno de los últimos conflictos judiciales que Argentina mantenía fuera de sus fronteras.
A mediados de 2025, en la misma jornada en que ordenó ceder el 51% del paquete accionario de YPF a los ganadores del litigio por la estatización, la jueza Loretta Preska también dispuso la transferencia de participaciones de la compañía petrolera en favor de Bainbridge Fund.
A lo largo de 2024, ese fondo había pedido a la magistrada que el Estado argentino precisara la localización y el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina almacenadas en territorio europeo. Además, reclamó información detallada sobre las tenencias accionarias de YPF que permanecen bajo control estatal.
Asimismo, la magistrada Loretta Preska había habilitado a la parte favorecida por su resolución judicial a cobrar una porción del pasivo reconocido en la sentencia a través del traspaso de acciones de la compañía petrolera YPF.
La determinación se adoptó en la misma fecha en que Burford Capital —el fondo que compró en 2012 los derechos del pleito por la estatización de la empresa energética— recibió autorización para quedarse con el 51% del capital accionario, un movimiento que finalmente no llegó a concretarse.
Las disputas judiciales con los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 encontraron en su mayoría una salida durante 2016, luego de la sentencia dictada por el magistrado Thomas Griesa y el inicio del mandato presidencial de Mauricio Macri.
En el arranque de ese año, la administración nacional alcanzó entendimientos con gran parte de los fondos que mantenían demandas activas o contaban con fallos a su favor, lo que permitió dar por terminado uno de los procesos más extensos derivados del default de 2001. De todos modos, persistieron litigios de menor escala en los años posteriores.
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