Miguel Coria era jujeño y llevaba su vida tanto en Argentina como en Bolivia. Su familia sostiene que el crimen "estuvo atravesado por su condición sexual, su elección de vida y su libertad".
El reclamo de la familia de Miguel Coria
Gabriela Coria, hermana de Miguel, habló ante medios bolivianos sobre el dolor que atraviesa la familia desde el asesinato y también por el proceso judicial que deben enfrentar.
“Quiero hacerles notar el doble sufrimiento que cargamos todos los días porque no solo nos arrebataron la vida de mi hermano sino también estamos atravesando el proceso judicial que nos atormenta a cada paso”, dijo la mujer. Seguido, la hermana de Miguel también remarcó el impacto que el crimen tuvo en todo el entorno familiar.
Hoy fue Miguel al que por su condición sexual, por su elección de vida, por ser libre, una persona con pocos escrúpulos lo asesinó, pero también nos asesinó a nosotros como familia. Hoy fue Miguel al que por su condición sexual, por su elección de vida, por ser libre, una persona con pocos escrúpulos lo asesinó, pero también nos asesinó a nosotros como familia.
Marcharán para pedir justicia por Miguel Coria, el jujeño asesinado en Bolivia
Un caso que busca marcar precedente
El diputado de la provincia de Jujuy, Yael Navarro, quien acompaña a la familia e impulsa la investigación en distintos puntos de Bolivia, sostuvo que el asesinato de Miguel debe abrir una discusión más amplia. Según señaló, en Bolivia no existe una legislación específica para abordar este tipo de situaciones vinculadas a crímenes de odio.
“La realidad es que a Miguel lo mataron por ser Miguel, por ser libre, y eso no nos puede pasar a ninguna persona por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género nuestra ideología o religión, no hay motivo para quitarle la vida a una persona que tenía instancias sociales donde intervenía. Hablamos de que se le quito la vida a Miguel y como sociedad se nos privó de una persona que aportaba constantemente con su vida diaria”.
Los diversos casos de violencia del acusado
Navarro también cuestionó que la persona acusada por el asesinato ya contara con una condena previa y estuviera en libertad. El legislador jujeño planteó que este punto debe ser tomado como un llamado de atención para la Justicia de Bolivia.
“Hablamos específicamente de que no solamente fue el asesinato, el ensañamiento y cómo se terminó agrediendo a la persona más allá de haberle quitado la vida. La persona que cometió este asesinato ya tenía condena, es un llamado a la Justicia, qué perspectiva tenemos en la justicia si una persona que ya tenía condenadas se encontraba en libertad con lo que implica”.
En ese marco, remarcó que el caso debe servir para revisar la forma en que se abordan estas situaciones.
“Esperamos que ahora con este precedente no solo cumpla la justicia sino que tenga una perspectiva para todas las personas en general”.
“No puede estar en libertad afrontando el proceso”
Uno de los puntos centrales del reclamo está puesto en la posibilidad de que el acusado quede libre mientras continúa la investigación. Navarro sostuvo que una persona acusada por hechos de esta gravedad, y con condenas por violencia, no debería afrontar el proceso en libertad.
Una persona que hizo tales hechos y que tiene condenas por violencia no puede estar en libertad afrontando el proceso poniendo en riesgo la vida de terceros, ya sea ante la familia u otras personas. Una persona que hizo tales hechos y que tiene condenas por violencia no puede estar en libertad afrontando el proceso poniendo en riesgo la vida de terceros, ya sea ante la familia u otras personas.
La preocupación por los plazos judiciales
En este sentido también adviertieron que el próximo mes se cumplen los cuatro meses de prisión preventiva. Por lo tanto, el acusado podría quedar dos meses libre mientras se desarrolla la investigación, que dura aproximadamente seis meses, lo que ocasionaría un riesgo de vida para terceros.
Un precedente para distintos sectores
Navarro remarcó que el caso no debe leerse únicamente como un precedente para la comunidad LGBT. También sostuvo que debe servir para otras comunidades y sectores que requieren una mirada con perspectiva frente a distintas situaciones.
“Este no es un solo un precedente para la comunidad LGBT sino para las distintas comunidades de los pueblos originarios, para las mujeres, porque hablamos de una perspectiva de tener enfoque a las distintas situaciones”.
Finalmente, para Navarro el asesinato de Miguel Coria debe interpelar no solo al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
El asesinato de Miguel Coria en Tarija
Miguel Coria tenía 37 años, era oriundo de Jujuy y residía en Bolivia. Murió tras recibir una feroz golpiza en plena vía pública, en el centro de Tarija. Por el hecho, un sospechoso permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 25 de abril en el barrio La Pampa, en la intersección de las calles Domingo Paz y O’Connor. Vecinos alertaron a la Policía luego de advertir una discusión entre dos hombres que escaló rápidamente.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida sobre la calle, sin signos vitales. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona.
De la discusión a la golpiza fatal
Según los primeros testimonios, la situación comenzó con un cruce verbal que derivó en una agresión directa. En ese contexto, el acusado reaccionó con extrema violencia.
Testigos señalaron que el hombre atacó a la víctima con golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza. La intensidad de la golpiza dejó al jujeño inconsciente y provocó su muerte en el lugar.
Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar de la escena, pero vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en cercanías de la plaza del estadio IV Centenario.
Minutos después, personal policial llegó al sector y concretó la aprehensión del acusado, quien fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
La situación judicial del acusado
Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público imputó al hombre por el delito de asesinato. La defensa, en tanto, planteó que se trató de una reacción desmedida.
La autoridad judicial dispuso la detención preventiva del sospechoso en el penal de Morros Blancos por un plazo inicial de cuatro meses, mientras continúan las actuaciones. Cabe destacar que en agosto la prisión preventiva finalizará.
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