El Gobierno nacional envió al Congreso una nueva iniciativa sobre discapacidad que vuelve a poner el foco en las pensiones no contributivas y en los mecanismos de control. El proyecto, llamado “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, todavía no está vigente ni fue aprobado, pero ya encendió el debate porque propone reempadronamiento obligatorio, auditorías periódicas y la posible suspensión de beneficios para quienes no cumplan con los nuevos requisitos.
Uno de los puntos más sensibles del texto es que todos los titulares de pensiones por invalidez deberían volver a acreditar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. Si ese reempadronamiento no se realiza, el proyecto prevé la suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio.
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El Gobierno envió una nueva ley de discapacidad: reempadronamiento obligatorio y cambios en pensiones
Qué propone el nuevo proyecto de discapacidad
La iniciativa avanza con un esquema de control mucho más estricto. La autoridad de aplicación tendría a cargo auditorías periódicas para verificar documentación, situación médica y condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. Además, habilita el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal para esas verificaciones.
El texto también apunta a modificar aspectos centrales del sistema vigente. Entre los cambios mencionados aparecen la eliminación del nomenclador, la desregulación de la negociación por sistema de salud y la supresión de la actualización automática trimestral por IPC, tres puntos que hoy impactan de lleno en prestaciones y pagos dentro del sector.
Qué pasa hoy con las pensiones por discapacidad
Mientras ese proyecto empieza su recorrido legislativo, el sistema ya atraviesa cambios oficiales. En marzo, la Secretaría Nacional de Discapacidad puso en marcha el proceso de conversión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Ese procedimiento alcanza a las pensiones otorgadas antes del 22 de septiembre de 2025.
La diferencia clave es que el esquema actualmente vigente fue presentado por el propio Gobierno como una conversión de oficio, es decir, sin trámite presencial ni solicitud expresa del beneficiario, y con continuidad del pago durante el proceso. El nuevo proyecto enviado al Congreso, en cambio, introduce la idea de un reempadronamiento obligatorio con riesgo de suspensión si no se cumple.
Quiénes pueden acceder hoy a una pensión por invalidez laboral
Según la información oficial disponible, para solicitar hoy una pensión no contributiva por invalidez laboral se exige tener una incapacidad total y permanente, que se presume cuando la invalidez produce una disminución del 66% o más en la capacidad laborativa. También se requiere no percibir otra jubilación o pensión, no tener empleo formal ni ser autónomo o monotributista del régimen general, y no contar con ingresos o recursos suficientes para la subsistencia.
A eso se suman otros requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país, o acreditar residencia continuada si se trata de una persona extranjera; además, no estar detenido en un establecimiento penitenciario. La documentación incluye DNI, Certificado Médico Oficial digital y respaldo médico.
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