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SUSCRIBITELa rectificación también incluyó cambios en la valuación de su casa en City Bell y en los datos vinculados a un crédito hipotecario con el Banco Provincia.
Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la nueva presentación, informó que posee $21 millones en efectivo en el país, un monto que no había sido declarado anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.
La corrección se produjo mientras avanza una causa paralela a la de su hermano, en la que el fiscal Guillermo Marijuán busca esclarecer la evolución de su patrimonio, sus ingresos y distintos movimientos financieros.
Además de incorporar la herencia de $21 millones, Francisco Adorni modificó la valuación de su casa en City Bell. Según la nueva declaración, el inmueble ahora figura con un valor de $67,5 millones, mientras que en la presentación anterior había sido declarado en $38,79 millones.
También actualizó los datos del crédito hipotecario que mantiene con el Banco Provincia, uno de los puntos observados en la denuncia presentada en su contra.
La denuncia advertía que el legislador bonaerense habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por $60 millones, algo que generó sospechas sobre si ese nivel de pagos era compatible con sus ingresos.
Sin embargo, en la rectificación Adorni informó que todavía debe $57 millones y que al inicio de 2025 la deuda era de $45 millones. Ahora la Justicia espera un informe detallado del Banco Provincia para conocer el cronograma original del préstamo, los pagos realizados entre 2024 y 2026 y toda la documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos utilizados.
Francisco Adorni está imputado en una causa que tramita por separado de la investigación que involucra a Manuel Adorni. En este expediente intervienen el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, que ya ordenaron, entre otras medidas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
La Justicia también aguarda que la última versión de la declaración jurada se incorpore formalmente al expediente para seguir con el análisis patrimonial del diputado provincial.
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