El fallo de la justicia contravencional aplicando una multa de 3780 generó una fuerte polémica dada la desproporción existente entre el monto y el daño causado. Evidentemente que una toma de un espacio público por 51 días a un gobierno que no llevaba ni una semana de gestión, por supuestas acciones que pudiera llegar a tomar, más que una contravención parecería que estamos hablando de un verdadero delito.
Sin dudas que el código Contravencional regula normas de convivencia que están muy lejos de contemplar conductas tan abusivas como la de una toma tan prolongada.
La protesta social para tener legitimidad debe ser razonable, tener una contemporaneidad determinada, no afectar derechos de terceros, y no generar un daño tan cuantioso. Lo que los jujeños vivimos en esos 51 días, excedió todo lo previsible y queda la sensación de que debería haber actuado la justicia penal más que la contravencional.
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