Durante las primeras horas de este martes, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid desalojaron el acampe que se había montado en la Puerta del Sol para exigir garantías en el acceso a la vivienda. El operativo transcurrió sin episodios de gravedad, aunque dos manifestantes quedaron detenidos por oponer resistencia a la autoridad.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid respaldaron el accionar policial y explicaron que los responsables de la protesta habían informado que la movilización llegaba a su fin. Además, señalaron la existencia de “hechos presuntamente delictivos e incidentes”.
A través de una nota oficial, la entidad afirmó que el procedimiento se desarrolló de forma paulatina y sin recurrir a la fuerza. También indicó que la intervención buscó “garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”.
Al momento del desalojo, unas 300 personas permanecían en el acampe. Algunos de los referentes de la protesta ya habían comunicado que la estructura sería retirada de manera escalonada para organizar la huelga general prevista para el 11 de noviembre. La medida fue convocada por los principales sindicatos para exigir acceso a viviendas y salarios suficientes para poder afrontar sus costos.
El procedimiento contó con la intervención de 400 efectivos policiales. Después de que los últimos manifestantes que seguían dentro de las carpas se retiraran, las cuadrillas de limpieza del Ayuntamiento de Madrid iniciaron las tareas para despejar la plaza y recoger los objetos que habían quedado allí.
Poco antes de las 9, los materiales removidos estaban agrupados en un sector reducido frente a la Real Casa de Correos. En ese punto, distintos trabajadores realizaban las labores de limpieza con la ayuda de dos máquinas excavadoras y tres camiones destinados al traslado de los residuos.
Una protesta que comenzó tras el caso de una mujer de 87 años
La protesta comenzó el 26 de septiembre con el objetivo de exigir respuestas ante la escalada de los valores de los alquileres. La iniciativa se puso en marcha luego del desalojo y posterior muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había residido durante 70 años en el mismo domicilio.
A medida que transcurrieron las jornadas, el acampe sumó nuevas demandas y convocó a organizaciones de distintas corrientes, como agrupaciones antifascistas, anticomunistas, propalestinas y defensoras de los derechos del colectivo LGTBI. Además, el espacio fue ocupado por personas que no tenían un lugar donde vivir.
La continuidad de la protesta en la plaza provocó diferencias entre los distintos niveles de gobierno de Madrid. Mientras las administraciones regional y municipal exigían el levantamiento del acampe, el entonces representante del Ejecutivo nacional en la ciudad, Francisco Martín, rechazaba avanzar con el desalojo siempre que no existieran riesgos para la seguridad ni alteraciones del orden público.
La Puerta del Sol constituye uno de los sectores comerciales más concurridos de la capital de España y es un lugar de tránsito habitual para visitantes procedentes del país y del exterior.
Ayuso y Feijóo celebraron el desalojo
La titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó contra el jefe del Ejecutivo español por haber permitido que el campamento se mantuviera durante 38 jornadas. “Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad”, publicó en sus redes sociales.
Por su parte, Carlos Díaz-Pache, jefe del bloque del Partido Popular en la Asamblea madrileña, también se pronunció en la misma plataforma. El dirigente cuestionó que las autoridades no hubieran intervenido antes y aseguró que el acampe ocasionaba inconvenientes vinculados con la seguridad, la higiene y el cuidado del patrimonio. Además, reclamó que los funcionarios dieran explicaciones ante la Justicia por las decisiones tomadas.
El titular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respaldó el desalojo y lo definió como “una buena noticia para la salubridad pública”. Además, expresó su satisfacción por el hecho de que “vuelva a funcionar el Estado de derecho”. En un encuentro con periodistas organizado por Europa Press, el dirigente también señaló que la intervención favorecía a los comerciantes, a los negocios gastronómicos y hoteleros, y a la proyección de Madrid.
Feijóo sostuvo que las medidas impulsadas por el gobierno municipal y la administración regional habían dado resultados. En ese sentido, afirmó que las presentaciones judiciales y los reclamos realizados habían provocado inquietud entre quienes eran objeto de esas acciones.
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