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SUSCRIBITECon un comunicado, ADEPA rechazó la decisión de la Justicia que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.
ADEPA rechazó la decisión de la Justicia que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presuntamente grabados en la Casa Rosada.
Para la entidad, la medida “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, según marcan en un comunicado difundido este martes. “La reciente sentencia es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.
La organización remarcó que se opone de forma sistemática a cualquier decisión de funcionarios públicos que impida difundir información, “en especial cuando se trata de funcionarios públicos o de hechos de interés o relevancia institucional”.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una cautelar solicitada por el Gobierno, que denunció una presunta “operación de inteligencia ilegal” orientada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” a través de filtraciones. La resolución ordenó “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió el fallo en redes sociales y lo respaldó: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, aseguró el funcionario.
La medida constituye un antecedente peligroso, marcaron y citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que, salvo en casos que afecten a niños o adolescentes, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.
La entidad subrayó que la publicación de informaciones solo puede dar lugar a “responsabilidades ulteriores”. Es decir, que si existiera una irregularidad en la obtención del material, el Estado puede investigar y sancionar, pero sin aplicar censura previa. “El gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”, indicó.
La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad y radicada en el Juzgado Federal N.º 12, apunta también contra el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes el Ejecutivo señala como posibles integrantes de una red destinada a alterar la campaña electoral y “generar violencia contra funcionarios del oficialismo”. Además, se mencionó la posibilidad de que los audios hayan sido manipulados digitalmente con fines políticos.
ADEPA remarcó que las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y que, en este caso, “afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden —o no— influir en la formación de la opinión pública”.
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