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SUSCRIBITE La Anses intimó ayer por la tarde al fiscal Eduardo Taiano, que investiga al ex ministro de Salud Ginés Gonzáles García respecto a su responsabilidad en el montado de un vacunatorio VIP, para que acelere el trámite de jubilación ya iniciado ante el organismo y presente su renuncia dentro de los próximos 30 días.
La medida del organismo previsional se enmarca dentro de una campaña a través de la cual ya intimaron a más de 200 jueces, varios de ellos llevando adelante causas sensibles. Sin embargo, la noticia de la intimación al responsable de investigar qué pasó en el Ministerio de Salud despertó todas las alarmas.
Taiano investiga el supuesto abuso de autoridad del ex ministro y de su sobrino y también ahora ex funcionario Lisandro Bonelli al organizar un vacunatorio VIP destinado a inmunizar contra el COVID-19 a funcionarios, legisladores, familiares y personas cercanas al poder. Ambos se encuentran imputados.
El fiscal, con el ok de la jueza María Eugenia Capuchetti de los tribunales federales de Comodoro Py, ya ordenó el allanamiento de la sede del Ministerio de Salud y el secuestro de los registros de ingreso y las imágenes de las cámaras de seguridad. Taiano solicitó el material para poder determinar cómo entraron y salieron los VIP entre el 1 y el 19 de febrero.
Taiano también ordenó el mismo procedimiento en el Hospital Nacional Posadas para que se obtengan las imágenes de las cámaras de seguridad y el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas por ese centro de salud. Asimismo, solicitó que se consiga la nómina de personas vacunadas en la institución y el listado del personal asignado al plan de vacunación contra el coronavirus.
En su dictamen, el fiscal resumió las denuncias presentadas y afirmó: “Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas de Sputnik V que habrían sido apartadas del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartidas conforme al plan delineado por el gobierno nacional”.
Con respecto a Anses, hace unas semanas emitió una resolución intimando a miembros del poder judicial para que renuncien o retiren los trámites de jubilación ya iniciados. Jueces y fiscales tienen la chance de comenzar los trámites cuando cumplen 60 años para que estén asignados en el momento en que decidan renunciar. Este salvoconducto es útil para poder salirse de funciones ante amenazas de investigación por las que podrían ser destituidos.
A eso se suma que también se modificó la fórmula jubilatoria, por lo que varios presentaron los papeles para quedar cubiertos por la norma antigua, más beneficiosa. Ante esta situación Anses decidió comenzar a pedirles que efectivamente pasen a retiro.
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